Libre afiliación

A partir de 2014 y hasta el 29 de enero de 2019, en el marco de la nueva legislación, el INE ha recibido 19,186 denuncias de ciudadanos por indebida afiliación

José Encarnación Alfaro Cázares / Artículista invitado / El Heraldo de México
José Encarnación Alfaro Cázares / Artículista invitado / El Heraldo de México

El derecho de las y los ciudadanos a la libre afiliación a un partido político es un derecho fundamental que deriva de la disposición del artículo 41 de la Constitución Política del país y que cuenta con una protección normativa específica que va más allá de la tutela del derecho de asociación.

Con las reformas a la Constitución Política de la República de 2014 en materia político electoral, el ejercicio del derecho a la libre afiliación encuentra normativas específicas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y en la Ley General de Partidos Políticos, promulgadas ambas en mayo de 2014, así como en el Sistema de Verificación de los Padrones de Afiliados a los Partidos Políticos instituido por el INE en marzo de 2016 (Acuerdo INE/CG172/2016).

A partir de 2014 y hasta el 29 de enero de 2019, en el marco de la nueva legislación, el INE ha recibido 19,186 denuncias de ciudadanos por indebida afiliación (es decir, que no se cuenta con el formato de afiliación con firma autógrafa ni con la copia de la credencial de elector), las cuales han derivado en procedimientos sancionadores con multas de mas de 40 mil pesos por cada una.

Frente a esta situación, el INE acordó iniciar a partir de febrero de 2019 un proceso extraordinario de actualización de los padrones de afiliados de los partidos políticos, el cual concluirá en enero de 2020, y como incentivo para la efectividad de este ejercicio, acordó también suspender, hasta la conclusión del proceso, el curso de los procedimientos sancionadores por afiliación indebida, para evitar el impacto económico que significaría la aplicación de las multas a los partidos políticos por este concepto, pues tan sólo el PRI tiene más de 8,000 denuncias, lo que equivaldría a multas por mas de 400 millones de pesos.

En este contexto, con un padrón de más de seis millones y medio de afiliados en proceso de revisión y actualización, el PRI se apresta a organizar el proceso de elección de su dirigencia nacional con el método de votación directa de sus militantes inscritos en el padrón de afiliados; y recientemente acordó no solicitar la participación del INE en la organización de la elección interna.

En el PRI se debe asumir que el hecho de que el proceso interno lo organice el partido sin la participación del INE no significa que quede exento de cumplir con la Ley General de Partidos Políticos o que pueda dejar de observar los lineamientos del INE en materia del derecho ciudadano a la libre afiliación. No se debe pensar en el proceso de elección de la nueva dirigencia nacional con la mirada puesta en los procesos internos por consulta directa realizados de 1988 a 2013. Vivimos hoy una nueva realidad jurídica y política.

Sin pausas que entorpezcan, pero sin prisas que lo descarrilen, el PRI debe demostrar que es capaz de refundarse como un partido político del siglo XXI, respetuoso del marco legal que protege los derechos político-electorales de las y los ciudadanos.

Por JOSÉ ENCARNACIÓN ALFARO CÁZARES

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