Una ley que busca acotar al genio de Salinas de Gortari

Está encaminada a fomentar más planeación, presupuestos ordenados y lograr una mayor calidad del gasto

Alejandro Sánchez / Contra las cuerdas / Heraldo de México

Dentro del paquete de iniciativas que han sido aprobadas por Morena y sus aliados en el Congreso para separar al poder económico del poder político como quiere el Presidente López Obrador, hay un proyecto que, aunque ha pasado desapercibido por la polémica suscitada por otras reformas como las que combaten la emisión de  facturas falsas o el outsourcing, resulta una propuesta de primer orden porque se sabe que lleva destinatario específico: Pedro Aspe Armella, ex representante del proyecto económico puesto en marcha durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

El ex secretario de Hacienda tiene una empresa denominada Protego Asesores S.A de C.V, líder en asesoría financiera, con la que se ha encargado, entre otras cosas, del manejo de las finanzas de proyectos gubernamentales, de reestructurar deudas de varios estados del país y ha ayudado a proyectos políticos dar giros de paradigmas en el rumbo económico que ha permitido a gobiernos financiar muchas de sus políticas públicas. Aunado a todo lo anterior, Aspe Armella se convirtió en uno de los personajes más polémicos de la reforma energética debido a que explota como negocio las modificaciones realizadas en la materia durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

La propuesta que ya empezó a sacar chispas por la fuerte presión de los particulares ha sido redactada en el Senado y enviada a la Cámara de Diputados y plantea reformar diversas disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas de los municipios y a la Ley de Asociaciones Público Privadas. El paquete de propuestas establece una regulación en materia de responsabilidad hacendaria que permite a las entidades federativas y los municipios conducirse bajo criterios y reglas que aseguran una gestión responsable y equilibrio de sus finanzas públicas para generar condiciones favorables para el crecimiento económico y la estabilidad del sistema financiero.

Un informe dado a conocer a principios de 2019 por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, reveló que de las 32 entidades del país, 31 mantienen una deuda pública estatal que asciende a 568 mil 934 millones de pesos. A esta deuda pública se suman además 68 mil 456 millones de pesos por Servicios de la Deuda y Pago de Inversión, así como 119 mil 576 millones de pesos de Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas. Muchos gobernadores o alcaldes pagan millonarios contratos a despachos públicos para asesorías y terminan endeudando su administración a largos años. La fórmula se repite sexenio con sexenio.

Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda de Peña Nieto, fue alumno de Aspe y al volver de estudiar del MIT le presentó una propuesta para dar asesorías en finanzas públicas a las entidades federativas. De hecho, Videgaray conoció a Peña cuando éste era diputado y presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de México. Videgaray trabajaba para el despacho contable de Aspe, y terminó con Arturo Montiel para ocupar la Secretaría de Finanzas del Estado de México, a recomendación de Peña.

La Ley de Disciplina Financiera fue elaborada por Alejandro Armenta, senador de Morena que también condujo el proyecto contra las factureras, y está encaminada a fomentar más planeación, a formular presupuestos ordenados y a lograr mayor calidad del gasto y mejor uso de la deuda, así como a restar poder al genio económico de Salinas de Gortari.

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POR ALEJANDRO SÁNCHEZ 

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@ALEXSANCHEZMX

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