Ley de Extinción de Dominio vs Presunción de Inocencia

El Estado puede decomisar y vender de manera anticipada bienes, propiedad de particulares, sin acreditar la participación delictiva de esa persona

José Lafontaine / Columna Invitada / Abogado Postulante
José Lafontaine / Columna Invitada / Abogado Postulante

La diferencia entre la democracia demagógica y otras formas de gobierno es que la suprema autoridad recae en la querencia popular y no en la ley. El 25 de julio, la Cámara de Diputados aprobó la Ley Nacional de Extinción de Dominio, legislación que en varios rubros es inconstitucional.

El enojo de los ciudadanos por la corrupción, la crisis de inseguridad que enfrenta el país, así como la poca eficacia en la restitución del patrimonio nacional dilapidado, ha generado que la ciudadanía no vea mal que sus gobernantes atropellen la Constitución, formalizando ideas políticas traducidas en demagogia jurídicaque al ser aprobadas en el Congreso de la Unión, son transformadas en ley con graves consecuencias jurídicas.

La más grave violación de esta ley a la Constitución es, sin lugar a dudas, la venta anticipada de bienes decomisados.

Es trágico que en un país de leyes, en un Estado de derecho, el gobierno legalmente esté facultado para decomisar bienes a una persona, ponerlos a la venta, recuperar el producto de dicha venta en favor del Estado, todo ello sin que el propietario de los mismos previamente haya sido oído y vencido en juicio. Ya ni hablar de los principios de acreditar la conducta delictiva más allá de la duda razonable, la presunción de inocencia y del destino político que se intenta dar al producto de la venta.

La extinción de dominio será aplicable a delitos cometidos por servidores públicos, contra la salud, delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, secuestro, corrupción, entre otros y a los bienes muebles o inmuebles que hayan sido adquiridos con el producto de dichas actividades delictivas.

La acción de extinción de dominio podrá ejercerse sobre bienes de carácter patrimonial, cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con las investigaciones de los delitos, la misma se tramitará mediante una acción civil en un tribunal con tintes especiales donde el Ministerio Público será actor y el imputado demandado.

Con la ley aprobada, el Estado puede decomisar y vender de manera anticipada bienes propiedad de particulares sin acreditar la participación delictiva de esa persona a la cual se le privó de su propiedad, lo cual viola derechos fundamentales establecidos en la Constitución y en tratados internacionales.

Estamos frente a otro episodio obscuro en la creación de leyes, la mezcla perversa de ignorancia y soberbia es dinamita pura para las instituciones y los derechos de los mexicanos.

Los ciudadanos debemos exigir a los legisladores la creación de leyes que favorezcan la restitución del patrimonio nacional o bien la debida utilización de los recursos obtenidos de la venta de los bienes decomisados y cuyo dominio se haya extinto para fortalecer a las fiscalías, policías y órganos investigadores, para así capacitarlos y perfeccionar los métodos de investigación y acusación, sin embargo, jamás en contra de nuestra Constitución.

POR JOSÉ LAFONTAINE HAMUI

COLABORADOR

@JOSE_LAFONTAINE

edp

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