Legitimidad democrática

La cúpula partidista presumirá que tiene una nueva dirigencia nacional legalmente electa; pero se trata de una frágil legalidad que puede ser combatida y derrotada en los tribunales

José Encarnación Alfaro Cázares / Artículista invitado / El Heraldo de México
José Encarnación Alfaro Cázares / Artículista invitado / El Heraldo de México

El ejercicio del poder político, para ser efectivo, debe estar investido de legalidad y de legitimidad; ambos conceptos íntimamente ligados a la observancia estricta de la Ley. La legitimidad implica, además, la aceptación y el consenso de quienes serán dirigidos o gobernados, en torno a la legalidad con la que se asume y se ejerce un cargo de poder.

Legitimidad democrática es la que se adquiere cuando existe convicción plena de que la elección de quien será titular de un cargo político deriva de un proceso electivo apegado a derecho, sin distorsiones de la norma jurídica, sin trampas legaloides ni aplicación a modo de las reglas y principios que regulan los procesos electorales.

La operación de un fraude electoral puede realizarse en apego a la Ley, como es el caso del relleno de urnas o del voto de electores fantasmas, la compra de votos, el acarreo de electores, si la parte afectada no tuvo la posibilidad de contar con representación formal en las casillas electorales y no se presentan los escritos de protesta correspondientes. Basta con asegurarse de que, efectivamente, la parte que será derrotada no cuente con la representación necesaria, aún cuando la acredite; sobre todo si quien va a cometer el fraude tiene el control de estas acreditaciones.

Por ejemplo, si a la parte que será derrotada se le impide tener representación, es posible que en una casilla electoral voten más de mil electores en un lapso de menos de ocho horas, a razón de un voto cada 30 segundos (identificación del elector, entrega de las boletas, sufragio en la mampara, depósito del voto en la urna y aplicación de la tinta indeleble en el dedo pulgar). Si no se presenta el escrito de protesta en el momento del escrutinio, se considera válida la votación, aunque en términos reales eso sea imposible.

Ese fue el escenario del proceso interno para la elección de la nueva dirigencia nacional del PRI, un fraude soportado en procedimientos legaloides de simulación democrática, con el uso, rebasando los límites de la torpeza, de prácticas y vicios que deberían estar sepultadas en el pasado. Para confirmarlo, basta revisar los resultados, casilla por casilla, de los estados de Coahuila, Oaxaca, Campeche, Chiapas, Guerrero o Nuevo León, entre otros. Por otra parte, presentar un resultado en el que presumen la participación de casi dos millones de militantes, es una situación que ni el más optimista de los priistas lo puede creer. Esa falacia caerá por su peso cuando en enero de 2020 el INE de a conocer la afiliación real del PRI.

La cúpula partidista presumirá que tiene una nueva dirigencia nacional legalmente electa; pero se trata de una frágil legalidad que puede ser combatida y derrotada en los tribunales. Lo que no tendrán forma de ocultar es el hecho que se trata de una dirigencia que carece de legitimidad. Una dirigencia partidista sin legitimidad no posee los elementos de convicción para movilizar a la militancia hacia la efectiva transformación del partido, más aún cuando a la vista de propios y extraños, es producto de la línea, los acuerdos cupulares, la cargada y el fraude legaloide. Ahora se deberá luchar al interior del PRI para no convertirse en un satélite de Morena.

POR JOSÉ ENCARNACIÓN ALFARO CÁZARES

COLABORADOR

@JOSEEALFARO

edp

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