Las víctimas de la violencia e inseguridad

Una propuesta para evitar acrecentar la cifra de víctimas es sancionar y perseguir los delitos de modo efectivo

Hilda Nucci / Heraldo de México / Columna Invitada

Víctimas son aquella o aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o, en general, cualquier puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos.

Las víctimas también pueden ser los familiares de aquellas personas que sufrieron el daño, aquellos que asisten a las víctimas y a los grupos, comunidades u organizaciones sociales que se ven afectados por conductas delictivas o transgresión a sus derechos.

A fin de garantizar los derechos de las víctimas, principalmente la reparación del daño y el derecho a la verdad, en 2013 se promulga la Ley General de Víctimas. No obstante, esta legislación encuentra diversos obstáculos para su implementación y ha fallado como solución a la problemática de personas afectadas por el crimen organizado; un ejemplo de ello es el procedimiento lento y burocrático que se tiene que enfrentar para la reparación del daño.

De acuerdo con las cifras publicadas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en enero de 2020 el número de víctimas fue de 25 mil 796. Dentro de los delitos del fuero común que se perpetuaron ese mes destacan los siguientes: 22 mil 204 homicidios, 16 mil 850 lesiones, 73 feminicidios, 715 extorsiones, 205 de corrupción de menores y 45 de trata de personas.

Los estados en donde las víctimas ascienden a más de mil al mes son: Baja California, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Veracruz. En 2019 y lo que va de este año, los esfuerzos del gobierno para proveer la paz, justicia y seguridad han fracasado.

Una propuesta para evitar acrecentar la cifra de víctimas es sancionar y perseguir los delitos de modo efectivo y contar con el presupuesto para ello. Otra solución no menos importante debe ser la educación en la prevención, para que la infancia y la juventud desarrollen habilidades que les permitan detectar y evitar situaciones peligrosas sin perder la confianza en los demás.

No se nos educa y sensibiliza para decir que no a situaciones que implican un abuso y a pedir ayuda cuando la necesitamos, sin sentirnos culpables. Debemos contribuir a la disminución de la violencia mediante la crítica a la misma, en todas sus manifestaciones, fomentar el respeto y protección de los derechos de las personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad como las mujeres y los niños.

Hay que concientizar sobre los efectos negativos del castigo físico, y la prevalencia de la comunicación como alternativa educativa.

La educación en nuestra sociedad debe ser equitativa, se debe entender que los hijos no son propiedad de los padres, superar estereotipos sexistas y el abuso de poder derivado de la sumisión e indefensión de la mujer.

Evitemos más víctimas de la violencia e inseguridad, es necesaria una labor integral que abarque leyes eficaces, educación, prevención, combate a la impunidad y la correcta impartición de justicia.

POR HILDA NUCCI
COLABORADORA
@HILNUCCI

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