Las pistas en la API Manzanillo

En 2018, la PGR inció una investigación en contra de Román P. Rangel Pinedo por intentar obstruir una terminal de fluidos

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Engge Chavarría / Tinta y papel / Heraldo de México

Quien está dispuesto a trabajar con la ley bajo el brazo es el director general de la Administración Portuaria Integral (API) de Manzanillo, Héctor Mora Gómez, al asegurar que no dejará un resquicio a la corrupción, en sintonía con la 4T.

Esto después de que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, le dio el visto bueno en el cargo y advirtió que el funcionario es blanco de una campaña negra sin fundamento.

Mora Gómez no es investigado por la Secretaría de la Función Pública (SFP), de Irma Eréndira Sandoval, ni por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de David Colmenares; sin embargo, en Manzanillo sí hay un puñado de funcionarios a los que les siguen las pistas.

En noviembre del año pasado, la PGR inició una carpeta de investigación en contra de Román Pablo Rangel Pinedo, titular del Órgano Interno de Control de la API Manzanillo, a quien se le señaló por intentar obstruir una terminal de fluidos que generaría más de mil empleos e inversión superior a los 800 millones de pesos.

El caso está en el radar, ya que la misma SFP descartó recientemente que servidores públicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) cometieran irregularidades administrativas al negar a la empresa Porter FG México la concesión para construir, operar y explotar una terminal de uso particular especializada en el manejo de fluidos petroleros y no petroleros en una parte de la Laguna de Cuyutlán, en Manzanillo.

Durante los primeros meses de la nueva administración federal se le puso atención a este caso porque el Puerto de Manzanillo es estratégico para el país y por la presunta campaña de desprestigio que Porter FG emprendió al no obtener la concesión.

Este año no ha sido el mejor para Porter FG, ni para su dueño, Esteban Miranda Soto. En primera instancia la SFP determinó que su queja contra los funcionarios de la SCT no tenía fundamento; en segundo lugar, la Juez Primero de Distrito de Colima decretó el sobreseimiento del juicio de amparo promovido por esta empresa en octubre de 2017 en contra de funcionarios públicos que se opusieron a su concesión. Pero eso no es todo, recientemente se supo que Miranda Soto fue denunciado ante la Fiscalía General de la República, de Alejandro Gertz Manero, por presunto huachicoleo. El empresario es accionista de gasolineras que se ubican en Manzanillo y en otros municipios de Michoacán y Querétaro.

CEMEX Y EL PREDIAL

El 29 de marzo, Cemex acudió a pagar el impuesto predial de sus instalaciones en el municipio de Atotonilco de Tula, pero la pasada y la actual administración se negaron a recibir el pago, debido a que el ayuntamiento asegura que la cementera debe pagar hasta nueve veces más de lo que pretende. Cemex se defiende afirmando que dos peritos revisaron el área y el cálculo no es el mismo al de la Alcaldía, lo extraño es que el municipio no ha presentado un sustento jurídico.

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