Las Fiscalías de Justicia y los MASC

El Sistema Penal Acusatorio impulsa un renovado entendimiento de su quehacer institucional

Rubén Vasconcelos / Columna Invitada / Heraldo de México
Rubén Vasconcelos / Columna Invitada / Heraldo de México

Las fiscalías y procuradurías de Justicia del país tienen múltiples retos frente al proceso de consolidación de nuestro sistema de justicia penal acusatorio. Al tiempo de eliminar prácticas del pasado y combatir la desconfianza ciudadana, tienen que reorganizarse y establecer nuevos modelos de gestión para combatir la delincuencia y brindar respuestas satisfactorias y razonables a los casos que conocen.

Pero no sólo eso.

El sistema penal acusatorio impulsa un renovado entendimiento de su quehacer institucional.

Hoy, las fiscalías no pueden ser concebidas como simples receptoras de denuncias, órganos que convenientemente seleccionan casos o judicializadores empedernidos.

Estas instituciones son procuradurías de Justicia, es decir, favorecedoras de la autonomía individual, garantes del derecho de las víctimas de acceder a la justicia, gestoras de conflictos y promotoras de la paz y la cultura de la no violencia.

Asumir esta renovada concepción nos permite apreciar la enorme importancia que tienen los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias para el sistema de justicia penal.

Recientemente se realizó en Oaxaca el Congreso Nacional: Logros, retos y perspectivas de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en México, en el que participaron representantes de todas las unidades encargadas de la aplicación de estos procedimientos en los estados de la República.

Se trató de un ejercicio de evaluación sobre el funcionamiento de estas unidades que en la gran mayoría de las entidades se encuentran ubicadas en las fiscalías de Justicia y que crecen en importancia por el cada vez mayor número de casos que conocen.

Todas las fiscalías del país hacen esfuerzos por derivar cada vez más asuntos por estas vías y lograr que la población asuma la idoneidad de esta forma de resolver conflictos.

Por ejemplo, en Oaxaca, mientras que en 2016 se derivaron sólo 505 asuntos de todos los ingresados en la Fiscalía General, en 2018 se derivaron 7001, es decir, 1,300% más casos que en 2016 y se tiene proyectado derivar más de 9 mil durante 2019, lo que representará casi 25% del total de los asuntos iniciados en la institución. Asimismo, del 1 de enero de 2018 al 31 de marzo de este año, se iniciaron nueve mil 517 expedientes y se celebraron cuatro mil 35 acuerdos reparatorios recuperándose más de 56 millones de pesos por concepto de reparación del daño a favor de las víctimas de delitos.

La celebración del Congreso citado permitió reafirmar la nueva posición institucional del Ministerio Público en México.

Queda claro que sus funciones están dirigidas a la búsqueda de soluciones a los conflictos generados por los delitos.

Como escribió hace algunos años un maestro argentino, de gestor del castigo se convierte en gestor de paz y con ello contribuye a la realización del programa penal constitucional que pugna por reducir las reacciones violentas frente a los delitos.

POR RUBÉN VASCONCELOS MÉNDEZ

FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA

@RVASCONCELOSM

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