Las buenas autonomías

Sabida es la antipatía presidencial respecto a los órganos autónomos

Verónica Ortiz / Ventana política / Heraldo de México
Verónica Ortiz / Ventana política / Heraldo de México

El relevo en la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pasará a la historia como un hecho oprobioso.

Oprobioso por el desaseado proceso de ratificación en el Senado, donde la hoy titular de la CNDH no obtuvo los votos requeridos. Más allá de trampas y videos, la simple aritmética no dio. De los 116 senadores asistentes, 76 votaron por Rosario Piedra Ibarra. Se necesitaban 77 para las dos terceras partes de los miembros presentes que indica la Constitución.

Oprobioso para los propios legisladores que desde Comisiones avalaron a una candidata que no cumple con uno de los requisitos legales para el cargo: no haber desempeñado cargo en ningún partido político en el año anterior a su designación. La señora Piedra era parte del Consejo Nacional de Morena hasta el día de ayer que solicitó licencia.

Porque al margen de sus cualidades personales, la designación y ratificación de la nueva titular violando la legislación vigente golpea la autonomía de la CNDH.

Oprobioso, al fin, por la incomprensible e implacable ofensiva contra los órganos autónomos.

Sabida es la animadversión presidencial respecto de las autonomías. Públicamente ha dicho que estos órganos se multiplicaron hasta crear otro estado. Lo que sorprende es que sus asesores no lo hayan sacado de su error y le informen adecuadamente.

Los órganos constitucionales autónomos no son centenares ni decenas. Son siete; eran ocho, pero la contrareforma educativa de este año desapareció al INEE. Por ello quedan siete en la Constitución:

1. INAI, para garantizar acceso a información pública y protección de datos personales. Art 6º.

2. Inegi, para generar un sistema oficial de información estadística y geográfica. Art. 26.

3. Banco de México, para procurar estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. Art. 28.

4. CNDH, para proteger los derechos humanos frente a actos u omisiones de cualquier autoridad o servidor público. Art. 102.

5. Instituto Nacional Electoral, para la organización de las elecciones. Art. 41.

6. Comisión Federal de Competencia Económica, para garantizar libre competencia, investigar y castigar los monopolios y concentraciones. Art. 28.

7. Instituto Federal de Telecomunicaciones, para el desarrollo eficiente de radiodifusión y telecomunicaciones. Art 28.

Más allá de prejuicios, convendría valorar las fortalezas que hemos ganado con estas instituciones. Algunas son fruto de luchas de la sociedad civil (INE, CNDH, INAI). Otras, garantía de decisiones técnicas que requieren alto grado de especialización (Cofece, Ifetel). Otras más ofrecen certidumbre económica (Banxico, Inegi). Viendo los órganos que quedan, la fobia oficial y el ánimo hipercentralista no parecen justificados. Al contrario. Habría que cuidarlos porque nadie quisiera ver esas funciones en poder de una sola persona, sea quien fuere.

POR VERÓNICA ORTÍZ
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@VERONICAORTIZO

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