Las asociaciones civiles y la 4T

Los recursos para las actividades sin fines de lucro que realizan alcanzaron los 4 mil millones de pesos; en los recortes, justos pagaron por pecadores

CHRISTIAN VON ROEHRICH / COLUMNA INVITADA
CHRISTIAN VON ROEHRICH / VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN EN EL CONGRESO CDMX

Antes de 2004, cuando un ciudadano o grupo de ciudadanos requería un apoyo gubernamental en México, acudía a algunas instancias para solicitarlo. Durante muchos años, por ejemplo, la Lotería Nacional otorgaba recursos a instituciones privadas de carácter eminentemente asistencialista, como la Cruz Roja Mexicana.

Por otro lado, diferentes instancias de gobierno empezaron a canalizar recursos del capítulo 4000 a asociaciones civiles (AC) sin fines de lucro, para que estuvieran en posibilidades de llevar a cabo tareas que éste no tenía contempladas, o bien, cuando había algún impedimento administrativo que no le permitía ciertas acciones.

Bajo esta lógica, promotores culturales y artistas acudieron a la Cámara de Diputados para solicitar que, desde la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), se autorizaran recursos para actividades que el Conaculta o las instancias análogas de las entidades federativas no realizaban. Ya sea porque no estaban dentro de sus programas o porque había grupos artísticos que, por decirlo de manera elegante, tenían un perfil diferente al de la instancia gubernamental.

El asunto creció a tal magnitud que se llegaron a etiquetar recursos por alrededor de 4 mil millones de pesos, tanto para asociaciones no gubernamentales, como para proyectos estatales o municipales.

El 9 de febrero de 2004, el presidente Vicente Fox publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, en la cual se establece qué tipo de asociaciones civiles pueden recibir recursos del gobierno y los requisitos que deben cumplir para obtener una clave única (Cluni), para hacer el trámite correspondiente.

A partir de la promulgación de la referida Ley, los beneficiarios –que antes podían acceder a los apoyos gubernamentales de manera directa– tuvieron que constituirse como asociaciones civiles para obtener su Cluni y estar en posibilidades de tener acceso a los recursos.

Por supuesto, no faltó quien constituyera su propia asociación civil en cuya acta constitutiva señalara un objeto social tan amplio, que le permitiera acceder a todo tipo de programa social, cultural, educativo, turístico o deportivo, y ofrecer servicios de gestión o intermediación para apoyar a quienes no estaban en posibilidad de constituirse en AC, cubriendo los requisitos establecidos en la Ley.

Así, surgieron los intermediarios a que se refiere el presidente López Obrador, que se aprovecharon de las disposiciones existentes para obtener recursos sin ser beneficiarios directos y se enriquecieron a costa de los programas sociales de manera irresponsable.

Lamentablemente, pagan justos por pecadores. Los que sí eran beneficiarios directos, resultaron severamente afectados porque por ley tuvieron que constituirse en asociaciones civiles y obtener su Cluni para acceder a los recursos.

Ellos fueron catalogados tabula rasa.

Por Ricardo Fuentes Gómez

*Diputado y vocero del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura.

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