Las Apps deben dar derechos a sus empleados

En 2018 Reino Unido obligó a las apps a pagar salarios mínimos

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Gardenia Mendoza / Trípoide / Heraldo de México

Trabajadores de diversos países –principalmente del Primer Mundo– se hicieron en el último año de sendas victorias en la batalla por meter al cajón de las obligaciones laborales a las escurridizas aplicaciones tecnológicas, apps, que se aferran a calificar como independientes a sus empleados para evitar responsabilidades.

Casos como California, Japón, Noruega y Reino Unido, donde los gobiernos han intervenido para apoyar las demandas de sus trabajadores, sentaron las bases para que otros países abran los ojos respecto a los huecos legales de empresas como Uber, Fundora, Door Dash y otras que usan repartidores para entregas a domicilio.

La apuesta legal ha sido, según cada país, por el pago de seguros médicos, prima vacacional, sueldo base, pagos por uso de vehículos, horas extras injustificadas y el derecho de formar sindicatos, entre otros.

En estos días, la lluvia de argumentos en pro y en contra están sobre la mesa de Ontario, Canadá, donde tanto la estadounidense Uber como la alemana Fundora tienen negocios fuertes. El resultado del debate sentaría precedentes nacionales y la opinión pública está atenta a la decisión de los tribunales locales.

El Sindicato de Trabajadores Postales de Canadá, quien representa a los no asalariados, argumenta que, contrario a lo que dicen las empresas, los trabajadores sí dependen económicamente de ellas; reciben presiones, responsabilidades y hasta son disciplinados por incumplimientos.

En una de las audiencias, un joven de 23 años, irrumpió con una conmovedora narración sobre la insuficiente cobertura médica y la falta de pago que sufrió durante seis meses, tras un accidente en el que se rompió un brazo en la entrega de un pedido.

Es una desesperanza que tenemos las nuevas generaciones de trabajadores, dijo.

Los canadienses están envalentonados luego del éxito legal en uno de los territorios menos esperados: California, el estado que vio nacer a Uber. El congreso lo obligó a hacerse responsable a partir de 2020 con un argumento sencillo: si una persona es parte del negocio principal, es un empleado y debe darle derechos.

Reino Unido desde 2018 obligó a las apps a pagar salarios mínimos y vacaciones; Noruega y Japón permitieron formar sindicatos. En México, el Legislativo sólo ha presentado una iniciativa para recabar impuestos para sus arcas y ha dejado a los sindicatos la pelea con resultados dudosos.

En 2016, el Sindicato Nacional de Servicios Alberto Juárez Blancas demandó a Uber la firma de un Contrato Colectivo de Trabajo con emplazamiento a huelga, luego desistió sin dar explicaciones y la organización gremial Superación y Progreso logró un contrato, pero para 50 empleados, ningún chofer.

El debate está ahí y el tema es urgente. Particularmente en América del Norte, donde las condiciones laborales son condicionantes para la renovación del TLCAN.

POR GARDENIA MENDOZA

PERIODISTA

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