La sombra sobre Bartlett

Al frente de la Secretaría de Gobernación y Seguridad Nacional, "presidió" momentos complicados

José Carreño Figueras / Columna Desde Afuera / El Heraldo de México
José Carreño Figueras / Columna Desde Afuera / El Heraldo de México

Una reciente entrevista de Martha Anaya puso de relieve uno de los puntos históricamente más complicados en la relación entre Estados Unidos y México: el supuesto vínculo entre funcionarios de gobierno y sectores del narcotráfico.

Según la conversación de Anaya con el exprocurador General Ignacio Morales Lechuga, a fines de los años 80, con Carlos Salinas de Gortari y George H.W. Bush en la Presidencia de sus respectivos países, el entonces –y ahora– Procurador General de EEUU, William Barr, advirtió que pediría la extradición de los exsecretarios de Defensa Juan Arévalo Gardoqui, de Gobernación Manuel Bartlett Diaz, y el exprocurador Enrique Alvarez del Castillo, por su actuación en torno al secuestro y asesinato del agente antidrogas estadounidense Enrique Kiki Camarena en Guadalajara, en marzo de 1985, por Rafael Caro Quintero.

Ninguno fue extraditado. Arévalo Gardoqui y Álvarez del Castillo fallecieron. Queda Bartlett, que de beneficiario y protegido del sistema pasó a convertirse en un rockstar de la izquierda al declararse contra la reforma energética impulsada por gobiernos globalistas.

De familia y carrera abrigadas por décadas de militancia en el PRI, Bartlett llegó a ser presidente de ese partido, Secretario de Gobernación con Miguel de la Madrid y uno de los más fuertes aspirantes a sucederlo, para luego caer a Secretario de Educación, gobernador de Puebla y dos veces senador de la república, por el PRI y ya en la oposición, otra con el Partido del Trabajo.

Al frente de la Secretaría de Gobernación y a cargo de la Seguridad Nacional, presidió momentos complicados: el inicio de las rutas de la cocaína a través de territorio mexicano, mediante las vías tradicionales del tráfico de marihuana, y el asesinato de Manuel Buendía, en 1984. Otro hecho, tan importante o más, fue la caída del sistema electoral en las elecciones de 1988. Y la dureza de sus respuestas a la oposición, incluso la que ahora es su refugio.

La muerte de Buendía por desconocidos presuntamente vinculados a la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la policía política del régimen y brazo de la SG, llevó a acusaciones de responsabilidad de Bartlett, que respondió con la disolución del que fue un eficiente mecanismo represivo y de investigación. Junto con el asesinato de Camarena, alimentó teorías sobre relaciones entre el aparato de seguridad gubernamental y los narcotraficantes que nunca han sido del todo despejadas.

Bartlett gastó decenas de miles de dólares para defenderse de posibles acusaciones en EEUU.

Pero la sospecha quedó ahí, especialmente en el caso Buendía, que periódicamente resurge a pesar de los repetidos desmentidos de Bartlett. El actual director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) era el encargado de la seguridad nacional y presunto supervisor de la DFS, y como tal responsable último de sus acciones, incluso el asesinato de Buendía. Pero es más que dudoso que haya ordenado su muerte o participado a sabiendas de actividades delictivas.

POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS

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@CARRENOJOSE

edp

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