La sentencia contra Aguayo, precedente funesto

En ese mismo artículo, Aguayo daba a conocer que Moreira habría buscado para su defensa al ex magistrado español Baltasar Garzón

Rubén Salazar Vázquez / Director de Etellekt / Columnista Invitado

El 20 de enero de 2016, el politólogo Sergio Aguayo Quezada se refirió a Humberto Moreira en un artículo titulado Hay que esperar como (…) un político que desprende el hedor corrupto, con motivo de la detención, en España, del ex gobernador de Coahuila, por los presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y cohecho.

En ese mismo artículo, Aguayo daba a conocer que Moreira habría buscado para su defensa al ex magistrado español Baltasar Garzón, quién en 2011 fue asesor jurídico del PRI, cuando Moreira era presidente del partido. Garzón, reconocido a nivel mundial por sus resoluciones sobre crímenes contra la humanidad y delitos de corrupción, habría recomendado a Moreira contratar como abogado defensor al jurista español Manuel Ollé, quien ha defendido a las víctimas en casos de violaciones graves a los derechos humanos atendidos por Garzón. El juez responsable del juicio en España, Santiago Pedraz, vinculado a Garzón, ordenaría liberar a Moreira, señalando que tras intervenir conversaciones telefónicas del acusado no se probó actividad alguna relacionada con el blanqueo de capitales, ni aún de operaciones relacionadas con organización criminal alguna. Tiempo atrás, en enero de 2012, Santiago Pedraz participaría en el Foro Internacional Seguridad con Legalidad, organizado por Garzón en Xalapa, Veracruz.

Entre las pruebas aportadas por la defensa de Moreira, consideradas en el fallo del juez español, se encontraba un supuesto documento de la Procuraduría General de la República, emitido en el sexenio de Felipe Calderón, que exoneraba al ex gobernador de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El documento sería revelado por López Obrador, un año después, y desmentido por el propio Calderón.

Recurriendo a este poderoso aparato de defensa, Humberto Moreira quedaría libre el 1 de febrero de 2016, tan sólo dos semanas después de su detención. Pudiendo reclamar una indemnización por daño moral en contra de la Fiscalía Anticorrupción de España, y defender su honor en tierras ibéricas, Moreira optó por demandar a Sergio Aguayo, a raíz del artículo donde no sólo cuestiona a Moreira por su hedor corrupto, sino en donde también revela las redes de poder, nacionales e internacionales, que permitieron su liberación en España.

Un juez de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México condenó a Sergio Aguayo Quezada a pagar 10 millones de pesos por daño moral, incurriendo en un claro conflicto de interés, pues el hermano de este magistrado habría recibido una notaría pública de Rubén Moreira, hermano de Humberto Moreira.

La sentencia contra Sergio Aguayo sienta un precedente funesto, que puede ser empleado por servidores corruptos y chicharroneros para reprimir la libertad de expresión. El riesgo es latente.

No puede haber cuarta transformación cuando el sistema judicial se emplea como un instrumento de violencia política para silenciar la crítica y anular a los opositores.

POR RUBÉN SALAZAR

DIRECTOR DE ETELLEKT

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