La protección de nuestros datos personales: el eficaz ejercicio de la autodeterminación informativa

Los datos personales de la base de datos del Instituto Nacional Electoral tienen el carácter de confidencial

Hilda Nucci / Heraldo de México / Columna Invitada

En días pasados, la Secretaría de Gobernación (Segob) solicitó al Instituto Nacional Electoral (INE) su base de datos biométricos, a fin de garantizar el derecho fundamental a la identidad contenido en el artículo 4° constitucional.

Si bien es cierto que el INE le facilitaría el trabajo a la Segob para la actualización del Registro Nacional de Población y dar paso a la creación de la Cédula de Identidad Única al entregarle su base de datos, es necesario puntualizar diversos aspectos en cuanto al concepto, clasificación y el tratamiento de los mismos.

Un dato personal es toda aquella información relativa al individuo que lo identifica o hace identificable. Su clasificación debe tomar en cuenta la información que se trate y los niveles de seguridad que se requieren para su manejo, a efecto de que el órgano que los tiene les dé un tratamiento adecuado que garantice su integridad.

Existen los datos personales ordinarios (datos de identificación y patrimoniales) y los datos personales sensibles (datos de salud, biométricos y otros). Los datos sensibles afectan a la esfera más íntima de su titular y su uso indebido puede originar discriminación o conllevar a un riesgo grave para éste -como el robo de identidad, por lo que requieren de mayor protección. Los datos biométricos constituyen las huellas dactilares, iris, palma de la mano, información genética y tipo de ADN.

De conformidad con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el acuerdo INE/CG312/2016, los datos personales de la base de datos del INE tienen el carácter de confidencial y sólo pueden ser utilizados para los fines para los que fueron recabados, por lo que darlos a conocer atentaría contra el principio de la autodeterminación informativa, que es la libertad del titular de los mismos de decidir el uso y procesamiento que se les dará a éstos.

En México, la autodeterminación informativa surge como una protección a la privacidad, de acuerdo con el artículo 16 constitucional y a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, por lo que sólo el titular de los datos puede facultar al INE a través de su consentimiento y el ejercicio de los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición) para su tratamiento.

Las excepciones al derecho de la autodeterminación informativa proceden sólo cuando se trate de juicios, recursos o procedimientos en los que el Instituto fuese parte, para cumplir con las obligaciones previstas por la propia Ley Electoral y por la Ley General de Población en lo referente al Registro Nacional Ciudadano o por mandato de un juez competente.

Nuestro derecho a la privacidad está a salvo si se protegen nuestros datos personales. Entonces, por qué un organismo autónomo tendría que entregarlos a uno federal sin la aprobación de los ciudadanos, bajo el supuesto de garantizar el derecho a la identidad, pero con el riesgo de que se utilicen para otros fines.

POR HILDA NUCCI
COLABORADORA
@HILNUCCI


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