La plaza

Se dice que el presunto suicidio de José Octavio, señalado como agresor sexual y asesino de la niña Valeria en Nezahualcóyotl, cimbró al gobierno mexiquense.


…se dice que el presunto suicidio de José Octavio, señalado como agresor sexual y asesino de la niña Valeria en Nezahualcóyotl, cimbró al gobierno mexiquense. La tardía actuación en este y otros casos de feminicidios han puesto a la administración de Eruviel Ávila en la mira de ONGs y de los ciudadanos. Ayer hasta tres funcionarios de primer nivel y el mismo gobernador tomaron cartas en el asunto. Ahora habrá que esperar una investigación seria y que no se dé carpetazo so pretexto de que muerto el perro se acabó la rabia.

 

…hay curiosidad por saber si Gustavo Cárdenas Monroy, subsecretario de la Sedatu, se decidió a buscar un amparo para evitar a la Fepade por si hubiera alguna acusación. No es por ser mal pensados, pero la versión surgió luego de que el titular de la fiscalía federal, Santiago Nieto, reveló que servidores públicos metieron la mano en la elección del Edomex, y tanto arraigo tiene Cárdenas Monroy –tres veces secretario mexiquense– que de enero a marzo se le vio un día sí y otro también en la entrega de programas sociales en su tierra natal.

 

 

… del gobierno de Michoacán, algunos funcionarios ya no ven con buenos ojos a la vocera Julieta López Bautista, aunado a que comunicadores del estado demandan su salida. En menos de dos años ha acumulado tres recomendaciones de la organización Artículo 19 por agresión a periodistas. Sin embargo, la funcionaria originaria de Oaxaca espera ser premiada con diputación federal en 2018 –vía plurinominal– por el PRD. Mientras, trata de hacer control de daños y el miércoles entregó un reconocimiento a periodistas de Ciénega de Chapala.

 

 

 

…se comenta que la urticaria que provoca entre diputados de Quintana Roo el sólo mencionar al ex gobernador Roberto Borge, los ha llevado a eliminar candados y leyes que se aprobaron a modo. En esa ruta, ahora van por la controversial Ley Borge, que entró en vigor en agosto de 2015. La legislación, que buscaba violentar el derecho a la información y la libertad de expresión, será analizada en foros por periodistas y defensores de los derechos humanos y de ahí surgirá una propuesta de reforma.

 

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