La extinta SEGOB

La Secretaría de Gobernación ya no es un actor relevante. No tiene presupuesto ni influencia. Pero entonces, ¿quién sí?

Fernanda Caso/ Columnista/ Opinión El Heraldo de México
Fernanda Caso/ Columnista/ Opinión El Heraldo de México

La Secretaría de Gobernación, como el resto de la Administración Pública Federal, es una institución cambiante. Su estructura, prioridades y alcances están dictados en mucho por la coyuntura nacional y el programa del Presidente en turno. Sin embargo, nadie podría negar que Gobernación ha sido siempre uno de los pilares del gobierno mexicano, cuyas funciones podrían equipararse incluso, con las de una vicepresidencia en muchos sentidos.

Con la entrada del gobierno obradorista, esto parece estar dejando de ser verdad. El desmantelamiento de la Segob ha sido paulatino pero constante. El Presidente decidió volver a sacar de Segob la seguridad pública.

Poco tiempo después, ante la explosión migratoria, fue hecha a un lado también en este ámbito. Se nombró a un nuevo titular en el Instituto de Migración que no responde en los hechos a la secretaría, se le excluyó de las negociaciones con Estados Unidos en la materia y la ejecución de los acuerdos está en manos de la Guardia Nacional.

Para cerrar y confirmar la intención de relegar a la Secretaría, se le ha recortado el presupuesto. Según el proyecto presentado el domingo, pasaría de tener en gasto programable 60 mil millones de pesos en 2018 y 2019 a 5 mil 804 millones para 2020.

Una parte de este recorte se explica con el cambio en seguridad pública. Sin embargo, la reducción es brutal, incluso si lo comparamos con el presupuesto de 2012 cuando la seguridad tampoco estaba en Segob y tenía más de 23 mil millones. En 2020 contará con recursos similares a los de Turismo.

En primera instancia, podría parecer que pulverizar a la Segob es una decisión dentro de los márgenes de acción de un Presidente. No obstante, la forma en la que se está haciendo debe ya prender los focos de alerta.

Entre sus responsabilidades, además de la migración, Segob ha llevado la relación del Ejecutivo con los gobiernos locales, con el Poder Legislativo y con el Judicial. Es Gobernación de quien dependen las asociaciones religiosas, los diálogos con sindicatos y la supervisión de grupos que puedan generar crisis sociales. Nada de esto sabemos hoy, ni quién lo está haciendo ni en dónde. Conocemos, por ejemplo, del acercamiento de López Obrador con iglesias evangélicas, pero no sabemos quién está fungiendo como enlace real con ellas. Para vigilar, los ciudadanos deben saber en dónde se están tomando las decisiones que afectan al país y quiénes son los responsables de los resultados. El Congreso tiene la obligación de supervisar al Ejecutivo y citar a sus funcionarios a comparecer.

¿Quién está tomando las riendas en estos temas ante la ausencia de la Segob? La respuesta podría igual llevarnos a un funcionario de Palacio Nacional que a un amigo personal del Presidente a quien no le aplican las normas de responsabilidad administrativa, cuya declaración patrimonial nunca podremos encontrar en un portal de transparencia. Entendemos: Gobernación ya no es un actor relevante. No tiene presupuesto ni influencia. Pero entonces, ¿quién sí? ¿A quién debemos estar observando, cuestionando y vigilando?

POR FERNANDA CASO

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