La escandalosa abstención

Ninguna de las contiendas de 2019 convocó una participación equivalente a la mitad de los votantes

Ana Leroy, analizó la situación del T-MEC dentro de la agenda legislativa de Estados Unidos. Foto: El Heraldo de México
Ana Leroy, analizó la situación del T-MEC dentro de la agenda legislativa de Estados Unidos. Foto: El Heraldo de México

El artículo 35 de la Constitución considera ilegítima y poco representativa una votación menor a 40% de la lista nominal de electores, pero sólo cuando se trata de hacer o no vinculante el resultado de alguna consulta popular.

n el caso de elecciones para renovar gobiernos o cargos legislativos, no hay un mínimo de participación para dar validez a los resultados, aunque frente a escenarios de escandalosa abstención, sí debería existir un umbral razonable.

El 2 de junio había condiciones para ejercer el voto, pero no llegó la mayoría de votantes. En Puebla, por ejemplo, se instalaron todas las casillas sin episodios de violencia, sin robo de urnas o disparos como los registrados hace un año, pero ahora acudió una minoría del listado nominal de electores, igual que en las otras cinco entidades que tuvieron comicios. Ninguna de las contiendas de 2019 convocó participación equivalente a por lo menos la mitad del universo votante.

Durango se quedó en 44.9%; Aguascalientes, 39%; Puebla, 33.3%; Tamaulipas, 33.1%; Baja California, 29.5%, y Quintana Roo, con un dramático vacío 22.1% de votantes. Si hubiera sido con las reglas de consulta popular, sólo una de las seis entidades habría tenido comicios válidos. El viraje es notable. En 2018 no hubo estados con menos de 50% de participación, se alcanzó 63.4% a nivel federal y 67% en Puebla, pero hoy esa cifra es el rango promedio de abstención.

Así, Miguel Barbosa obtuvo en el proceso anterior poco más de 1 millón 31 mil votos y no le alcanzaron para ser gobernador, pero ahora su triunfo fue contundente en proporción al respaldo cosechado por los rivales, pero con una disminución importante de sus propios votos, porque en esta nueva elección tuvo sólo unos 685 mil.

Las reglas vigentes eran así y estaban claras. Son legales, en términos formales, todas las victorias de cargos electos, pese a la pobre participación ciudadana, pero eso no implica dejar las cosas como están, ignorar que puede continuar la estrepitosa caída de votos en casillas o renunciar a discutir ajustes para propiciar candados de representatividad efectiva, sin exageraciones apocalípticas, vale la pena mejorar el modelo de votación para que sea mayor el respaldo ciudadano.

No es lo común la cifra, pero una votación que coquetea con 80% de abstención (Quintana Roo) obliga a replantear la pertinencia de las segundas vueltas y de umbrales mínimos de participación como condición para dar por válidos triunfos en futuros comicios. En democracias como las de Argentina o Brasil, el voto ha sido obligatorio y no ejercerlo trae sanciones aparejadas, pero apostar por esa fórmula de castigo, traería estadísticas artificiales.

Es una medida que infla el nivel de participación por obligación, no por convicción, y no se resuelve el fondo del problema midiendo cuántos electores quieren evitar una multa. Es auto engaño incentivar el ejercicio del voto con garrote administrativo, legitimar resultados por la fuerza, cargar la responsabilidad del abstencionismo sólo al votante y no a los actores políticos que deben convencerlo y que en esta jornada, no lo hicieron del todo.

POR LUIS MIGUEL CARRIEDO

LUIS MIGUEL CARRIEDO ASESOR EN EL INE

@LMCARRIEDO

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