La encrucijada del presidente

El gobierno enfrenta varias encrucijadas: la ruta de su agenda legislativa y la del combate a la corrupción, entre otras

Peniley Ramírez / Linotipia / Heraldo de México
Peniley Ramírez / Linotipia / Heraldo de México

La tragedia sucedida en Tlahuelilpan, Hidalgo, ha colocado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador en una encrucijada respecto a su agenda legislativa para castigar el delito del robo de combustibles.

El 8 de enero, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo en una conferencia que el Presidente le había instruido a presentar una reforma para ampliar el catálogo de delitos graves sin derecho a fianza o a libertad provisional. Busca incluir en la Constitución como delito grave la corrupción, delitos electorales y desde luego, el robo de combustible.

El 15 de enero la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro aprobó la modificación al artículo 19 constitucional, para incluir estos delitos como graves. Una parte de la oposición ha buscado que otros delitos, como el feminicidio y la portación de armas, también lo sean.

La palabra grave no está incluida en ninguna ley ni en la Constitución. Se le conoce así a los casos excepcionales en los cuales el inculpado vivirá su proceso legal en prisión, sin derecho a fianza. En la propuesta que se discute, una persona que roba desde cero hasta 300 litros de combustible podría pasar cinco años en la cárcel y viviría allí todo el proceso, hasta ser declarado inocente o culpable.

El nuevo sistema penal aprobado en 2008 y aún en implementación, busca precisamente que los policías y los fiscales no se escuden en esta medida para hacer un trabajo deficiente. Así, llegaría a prisión quien reciba una sentencia y le haya sido probada su falta, y no muchos falsamente acusados, como ha sido ampliamente documentado.

Un ejemplo del mal uso de esta medida está explicado en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el caso de violaciones de mujeres que protestaban en Atenco, Estado de México, cuando Enrique Peña Nieto era gobernador. Planteó que en México se hace un uso arbitrario de la prisión preventiva porque los legisladores, que no imparten justicia, obligaban con leyes a los jueces a respetar un catálogo de delitos graves y mandar a los acusados a prisión en automático.

Como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la propia Cordero en 2013 votó a favor de que en cada caso la autoridad jurisdiccional deberá valorar las condiciones específicas y los jueces no estuvieran obligados por una cuestión general, impersonal y abstracta de la norma.

Morena ha anunciado que pretenden votar las modificaciones constitucionales en el Pleno de la Cámara de Diputados en la primera sesión de febrero. Mientras, el Presidente ha hecho pública la complejidad social que supone el robo de combustibles, al aceptar que en las zonas donde abunda esta práctica es en las comunidades más pobres, esto está probadísimo, donde hay más necesidad.

Mucho falta por ponderar a un gobierno que se enfrenta al mismo tiempo al combate a la corrupción, a un nuevo sistema judicial en construcción y a un discurso que vende que grave significa en automático el combate a la impunidad.

 

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@penileyramirez

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