La credibilidad perdida

El problema con Coahuila es que, independientemente de las posibles faltas de los partidos, otras aparentes trapacerías vinieron de la autoridad electoral

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A finales de 2013, como parte del Pacto por México, se promovió una reforma político-electoral que incluía una serie inconexa de modificaciones legales. Más que procurar un mejor diseño institucional, se trató de satisfacer reclamos de las fuerzas políticas que resultaron perdedoras en la elección presidencial del año anterior. Desde la reforma política del Distrito Federal, impulsada por el PRD, pasando por la reglamentación de la consulta popular, la adición de causales de nulidad de comicios, la reelección legislativa y municipal, o la autonomía de la Fiscalía General, hasta la creación de la autoridad nacional electoral, defendida por el PAN.

 

Con la transformación del Instituto Federal Electoral (IFE) en Instituto Nacional Electoral (INE) se pretendió quitar a los gobernadores el control de los procesos electorales y ´homologar´en los estados la profesionalización y credibilidad alcanzada a nivel federal. Sin embargo, lo aprobado quedó lejos del objetivo, con la existencia simultánea del INE y de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), y una confusa división de funciones entre ambas instancias.

 

La disfuncionalidad del arreglo se hizo patente hace unos días en la elección de gobernador en Coahuila.  El cómputo oficial hasta el momento da el triunfo al candidato del PRI y partidos aliados, Miguel Riquelme, con 38.19% de los votos, frente al abanderado del PAN y sus aliados, Guillermo Anaya, que obtuvo el 35.75%. Estos últimos denunciaron fraude electoral y la consiguiente impugnación de los comicios.

 

Hasta aquí todo normal, si nos atenemos a las recurrentes acusaciones que se hacen en toda elección mexicana. Tocará ahora al tribunal electoral definir si hubo o no compra de votos, rebase de topes en gastos, actos anticipados de campaña, etc.

 

El problema con Coahuila es que, independientemente de las posibles faltas cometidas por los partidos y sus contendientes, otras aparentes trapacerías vinieron de la autoridad electoral local: el reemplazo de funcionarios de casilla el día de la elección; la interrupción del PREP con apenas el 72% de las actas capturadas; la difusión del conteo rápido que daba por ganador al candidato del PAN; el resguardo de los paquetes electorales durante tres días a manos de la policía estatal, y el posterior resultado en favor del abanderado de la alianza encabezada por el PRI.

Este desaseo generalizado y, dicho sea de paso, el contraste con la fluidez en la captura y consistencia de datos en el Estado de México, encendió las alarmas. Peor aún, a las penosas explicaciones de la autoridad local siguió la tibia reacción de los consejeros del INE.

 

Tan burda fue la actuación del OPLE estatal que logró unificar las protestas de la oposición en contra suya, del ganador y del gobernador. Pero lo más serio es el golpe a la credibilidad electoral que creíamos ganada.

 

Columna anterior: Fotografía de un país

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