La corrupción: causa del empoderamiento y posible debilidad del futuro gobierno
El triunfo avasallante del Presidente Constitucional responde, entre otras cosas, al resultado del hartazgo de la población frente al fenómeno de la corrupción.
Ésta ha estado presente en los tres órdenes de gobierno, pero hoy más que nunca representa un grave problema de legitimidad y legalidad en el ejercicio del poder.
De acuerdo con la primera Encuesta Nacional de Percepciones de Corrupción y Gobierno, celebrada en mayo de 2018, el concepto de corrupción en México se relaciona con la definición política de dicho vocablo: la práctica que consiste en ejercer el abuso de poder, de funciones o de cualquier otro medio, para sacar un provecho económico o de otra índole.
De acuerdo con la encuesta anterior, 80.4% de los participantes, considera que tomar los recursos de la sociedad por parte de los servidores públicos y empresarios que hacen negocios con los diversos poderes públicos, es sinónimo de corrupción. No así, las acciones de gobierno contrarias a la constitución y la ley, en donde sólo 7.2% las considera como características de un gobierno corrupto.
Visto de ese modo, si analizamos las acciones que ha venido realizando el gobierno de transición, poco importa si éstas son legales o no, la ciudadanía las ha legitimado, a partir del hastío existente en contra de este fenómeno. La corrupción en los gobiernos se ha manifestado como la pérdida de credibilidad de la ciudadanía en las instituciones públicas y gubernamentales -independientemente de quién esté a cargo de ellas-.
En este sentido, el reclamo ciudadano en la siguiente administración, será la eliminación de las políticas públicas que la desencadenaron. Por ello, la corrupción representará el tendón de Aquiles del futuro gobierno, si ésta no es vista como un problema multimodal.
Se requieren soluciones a partir de una agenda política basada en el derecho a la información y la transparencia, a fin de lograr una nueva cultura de legalidad y respeto a las instituciones, si no podría generarse en una nueva decepción para el electorado.
Desde esa perspectiva, la legislación en materia de responsabilidades de los servidores públicos no debe ser ambigua o discrecional, se debe apostar por un sistema de fiscalización que verdaderamente sea eficaz, con parámetros que logren sancionar la incompetencia y deshonestidad de las autoridades.
Sólo a través de mecanismos de información, prevención, fiscalización y sanción, se podrá ir corrigiendo este grave problema.
Es importante que exista la voluntad política en todos los servidores públicos para desincentivar y sancionar la corrupción, por qué la impunidad es el origen y fomento de la misma.
Es responsabilidad del nuevo gobierno evitar este fenómeno a partir de una democracia participativa pero en concordancia con la legalidad, de lo contrario, la popularidad y aceptación de la que gozan se podría revertir en las siguientes elecciones intermedias.
HILDA NUCCI
COLABORADORA
@HILNUCCI