La consulta que busca “legitimar” el Bonillazo

¿Por qué se habría de consultar a los ciudadanos lo que ya ha sido votado en las urnas, si los bajacalifornianos eligieron a un gobernador para 2 años?

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Enrique Rodríguez / Libertad bajo palabra / Heraldo de México

La imaginación de los legisladores locales en Baja California no tiene límites. Cuando pensamos que ya habíamos visto suficientes acciones bochornosas para avalar el regalazo a Jaime Bonilla, que amplió su mandato a 5 años, nuevamente los diputados de Morena en esa entidad sacan de la chistera de la desvergüenza otra barbaridad. Ahora tratan de darle legitimidad al atropello a través de una consulta ciudadana organizada por los mismos impulsores de la Ley Bonilla. Hace unos días, a petición del diputado Catalino Zavala, presidente de la legislatura local, se aprobó la creación de una comisión especial del Congreso para realizar la consulta que preguntará al pueblo sabio si está de acuerdo con la maniobra que obsequió tres años más a la administración que comenzará en noviembre.

¿Por qué se habría de consultar a los ciudadanos lo que ya ha sido votado en las urnas, si los bajacalifornianos eligieron a un gobernador para 2 años? Sólo en el escenario de una enorme presión a nivel nacional y reconociendo implícitamente que se violenta el Estado de Derecho se buscaría una medida de esta naturaleza y sin sustento legal.

Es evidente la omisión pactada del gobernador Francisco Kiko Vega para no publicar la reforma y respetar el acuerdo político que habría negociado con su sucesor, para dilatar la llegada del caso a la SCJN por la vía de acciones de inconstitucionalidad que podrían revertir el abuso que se materializó gracias a las complicidades de diputados panistas y priistas en Baja California.

1. Para que la reforma constitucional surta efecto, tendrá que publicarse, y cuando esto ocurra, el asunto llegará a la Corte para revisar las Acciones, que ya están listas para impugnarla.

 2.- Aunque inicie el gobierno de Bonilla Valdez, la decisión de los ministros podría impactar en su duración para anular la ampliación a 5 años. Si se llegara a determinar que la reforma violó la Constitución, la administración del morenista sería de 2 años, como se establecía antes de la elección.

3.- La consulta popular planteada por el Congreso de la entidad sobre la cual podemos anticipar el resultado, no trasciende jurídicamente, ya que carece de fuerza legal.

4.- No olvidar que existe un criterio claro del alto tribunal que data de 2006, en el que se determinó que las reformas para extender o acortar los mandatos de funcionarios estatales, necesariamente tendrán que ser anteriores a las votaciones en las que fueron electos.

EDICTOS

La integración actual del pleno es distinta a la de 2006, la revisión del Bonillazo encontrará a otros togados en la Suprema Corte. Una prueba más para el Poder Judicial de la Federación durante la 4T, en la revisión de un asunto con alto voltaje político que ha provocado indignación generalizada, incluso en los sectores menos radicales de Morena.

POR ENRIQUE RODRÍGUEZ
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@JENROMA27


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