La competencia

El que un servidor público se equivoque en la determinación del precio, tiene consecuencias negativas, principalmente en contra del consumidor

Bernardo González Rosas / Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores / Heraldo de México
Bernardo González Rosas / Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores / Heraldo de México

Tengo muy presente mis primeras interacciones con el mercado.

Eran los años 80 y acompañaba a mi mamá al supermercado. Sí, a ese mercado me refería, el más cercano de la mayoría de los mexicanos. Pero lo que ocurre en éste también nos sirve para explicar el resto de los mercados, hasta los más complejos, como es el financiero.

Recuerdo la desesperación y el aburrimiento que me provocaban las largas filas para pagar y la lentitud de los cajeros, pero particularmente recuerdo la frustración de mi mamá por la constante falta de diversos productos básicos. Tan básicos como la pasta de dientes, entre otros.

También recuerdo que los adultos comentaban lo mal que estaban las cosas y lo atribuían a políticas de gobierno que no necesariamente entendía en ese momento.

Actualmente, muchas personas que vivimos esos episodios, entendimos qué pasaba. Cuando el gobierno determina los precios de algún bien o servicio, éste tiende a equivocarse, porque no tiene la capacidad de saber a qué precio (todas) las personas están dispuestas a adquirir un bien o servicio, y por otro lado a qué precio (todas) las empresas que lo producen o lo ofrecen están dispuestas a venderlo.

Además de la dificultad práctica de agregar toda esa información, el que un servidor público se equivoque en la determinación del precio, tiene consecuencias negativas, principalmente en contra del consumidor.

Si determina el precio del producto por arriba de lo que la gente está dispuesta a pagar, la gente buscará comprar bienes que puedan sustituir el uso de éste y por lo tanto casi no se adquirirá.

Si no hubiera forma de sustituir ese bien, los clientes estarán peor, porque tendrán que pagar ese precio artificialmente alto.

Por el contrario, si el servidor público se equivoca estableciendo el precio máximo por debajo de lo que el cliente está dispuesto a pagar y por otra parte por debajo de lo que la empresa está dispuesta a recibir a cambio, sucederá también lo obvio.

Quien ofrece ese bien o servicio no querrá vender mucho de él, quizá escondiéndolo de los anaqueles y vendiéndolo en lo oscurito mucho más caro, quizá eventualmente mejor dedicándose a otra cosa o en otro lugar.

Por su parte, los consumidores estarán buscando ese bien o servicio por todos lados haciendo largas filas y usualmente no encontrándolo en el mercado formal.

Como mexicanos, pero sobre todo como consumidores, es necesario exigir que mantengamos ese poder en nuestras manos.

Lo que debemos exigir es que se obligue a las empresas y organizciones a que sus precios sean transparentes y comparables y que, en el caso de mercados complejos, el gobierno obligue a los oferentes a explicarlos.

Si no estoy dispuesto a pagar ese precio, iré al establecimiento de al lado o al de enfrente, para encontrar el que esté dispuesto a asumir con el consecuente mensaje a los comercios.

 

Bernardo González Rosas / Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

@BERNARDOGR77

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