La Cofece y el caso Tabasco

Los cambios legales realizados en ese estado se inscriben en la lógica del próximo gobierno de AMLO

Carlos Mota / Un montón de plata / Heraldo de México
Carlos Mota / Un montón de plata / Heraldo de México

No ha sido del interés de toda la sociedad el espantoso caso de Tabasco y las modificaciones que el Congreso del estado hizo para inhibir la libre competencia y las licitaciones públicas en la contratación de servicios y adquisiciones gubernamentales.

Los cambios legales realizados en ese estado se inscriben en la lógica del próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Pero son un paso atrás: en Tabasco se podrán entregar contratos sin mediar licitación pública. Sin concurso. A los cuates. Ya es legal.

Pero no es constitucional, y eso se ha encargado de señalarlo la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el órgano que vela porque no haya concentraciones ni comportamientos monopólicos en México.

Entre otras cosas, la Cofece ha establecido los siguientes cuatro argumentos:

Primero.– Las modificaciones a la ley de adquisiciones y obra pública de Tabasco contravienen los artículos 28 y 134 de la Constitución, y abren la puerta a la discrecionalidad, a sobreprecios y a espacios de corrupción.

Segundo.– El gobierno de Arturo Núñez ya fue notificado por parte de la Cofece de su opinión. No obstante, el propio Núñez respondió que promulgó las modificaciones, con lo que se consumó el hecho y éstas ya son vigentes.

Tercero.- La Suprema Corte de Justicia podría entrar al caso para realizar un análisis de control constitucional, ya que es inadmisible que un estado legisle para afectar el proceso de libre competencia y concurrencia en las contrataciones de obra pública y prestación de servicios.

Cuarto.- La Cofece ya había alertado tiempo atrás que México requiere una ley general de contrataciones públicas para que un caso como el de Tabasco no pueda ocurrir. Que los estados contravengan la Constitución y validen localmente procesos que pueden demeritar la libre competencia implica un retroceso gigante en el sistema económico.

Es verdaderamente increíble. ¿Cómo es posible que un estado posibilite la asignación de contratos de manera directa y sin licitación?; ¿cómo es posible que el próximo gobierno de AMLO solape este desaseo si abandera la idea de terminar con la corrupción?

Los procesos de licitación pública abiertos son uno de los avances más relevantes de las democracias modernas, y el establecimiento de una meritocracia real requiere que toda la sociedad se indigne en casos como este. Es inadmisible: muchos de los que se quejaron de la corrupción en el sexenio que termina, guardan ahora silencio a pesar de que la materia prima para la institucionalización de ese flagelo acaba de ser puesta en la ley del estado que vio nacer al próximo presidente.

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@SOYCARLOSMOTA

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