La clara meta de defender a quienes defienden

Las respuestas para afrontar estos retos deben cumplir la ley y apegarse a estándares internacionales

Willy Arturo Hernández Alcocer
Willy Arturo Hernández Alcocer

La reciente visita de la alta comisionada de las Naciones Unidas a nuestro país representa un importante paso en la política de cooperación internacional y en la posibilidad de asumir el paradigma de los derechos humanos como el centro de las acciones del Estado. En esta coyuntura de definiciones nacionales y regionales, lo que podríamos reconocer como los clásicos temas estructurales, como el acceso universal a la seguridad social, se han encontrado con la trágica reedición de graves problemas nacionales acrecentados: personas desaparecidas, restos humanos sin identificar, feminicidios, personas defensoras de derechos humanos y periodistas asesinadas.

Desde el año 2012 a nivel federal, y desde el año 2016 en la Ciudad de México, se han instrumentado mecanismos de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que por el desempeño de sus actividades se encuentren en situación de riesgo. Los legítimos reclamos respecto al diseño e implementación de medidas, por parte de estas poblaciones, se han basado en el diagnóstico que han ido construyendo, desde sus experiencias vinculadas al derecho a defender derechos y el derecho a la libertad de expresión (artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la CDMX). No debe extrañar que una de las recomendaciones de la alta comisionada esté encaminada a fortalecer las instituciones de protección para personas defensoras y periodistas.

Por lo que, las respuestas para afrontar estos retos deben asegurar el cumplimiento de la ley y apegarse a estándares internacionales. Las personas servidoras públicas debemos partir de interpretaciones garantistas y con claridad en las responsabilidades de los procesos de atención, ya que la cooperación interinstitucional y multinivel puede marcar rutas de trabajo a mediano y largo plazo en situaciones delicadas como agresiones, amenazas y diversos tipos de violencia.

Asimismo, la transparencia, la rendición de cuentas, la perspectiva de derechos humanos y de género, así como la ética profesional, coadyuvarán en el desarrollo de capacidades y herramientas de las personas servidoras públicas y por lo tanto en un impacto más positivo con la población.

De manera paralela no hay que perder de vista la dimensión que podría marcar el Sur en la brújula de derechos: dimensionar los graves impactos psicoemocionales que los eventos ocurridos en esta época están ocasionando a las personas de nuestro país. El acceso a la justicia, el esclarecimiento de los hechos, la lucha contra la corrupción y el desarrollo de capacidades que permitan el empoderamiento de víctimas de agresiones, resultan ineludibles.

Los retos son muchos y complejos, afortunadamente las realidades nacionales están en constante transformación. El abordaje de estos temas encontrará cambios al nivel de las circunstancias, a través de las acciones conjuntas y diálogo abierto con la clara meta de defender a quienes defienden y con el compromiso de que todas las personas se puedan expresar y manifestar libremente.

 

WILLY ARTURO HERNÁNDEZ ALCOCER

MIEMBRO DEL MECANISMO DE PROTECCIÓN A PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DE LA CDMX

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