Julión, Rafa y el regaño que viene

El caso Márquez-Álvarez muestra la vulnerabilidad de México en la lucha contra el lavado de dinero; lo que viene es un regaño internacional


Rafael Márquez y Julión Álvarez fueron incluidos en la lista de los terroristas y narcotraficantes de todo el mundo investigados por Estados Unidos. E independientemente de si son o no culpables de lavar dinero del narcotraficante Raúl Flores Hernández, ambos están muertos civilmente.

Todas sus cuentas están congeladas y sus empresas intervenidas. No pueden disponer de un solo centavo.

Con base en las declaraciones que han hecho, la estrategia de su defensa está encaminada no a deslindarse de Flores sino en desconocer a qué se dedicaba este señor.

Y es que de acuerdo con el Artículo 400 Bis del Código Penal Federal, no cometen el delito de lavado de dinero aquellas personas que no tuvieron conocimiento de que los recursos en cuestión proceden o son producto de una actividad ilícita.

Esa es la razón por la que las autoridades mexicanas han sido muy cautelosas con el tratamiento del caso. Incluso, piden no hacer juicios anticipados y ceñirse a lo que dicen nuestras leyes.

Sin embargo, las leyes que tenemos, el sistema de procuración de justicia y la actuación de los jueces son precisamente el Talón de Aquiles de nuestro país en la lucha contra ese delito.

Por décadas, México estuvo fuera del Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (GAFI, por sus siglas en inglés) hasta que se incorporó en 2008, año en el que hicieron el primer diagnóstico en la materia.

Esa vez detectaron que no teníamos una ley contra el lavado de dinero, que esa actividad no era penada y que Hacienda tenía una estructura débil para enfrentar el problema.

Con esa demoledora conclusión, las autoridades tomaron varias medidas, una de ellas fue otorgar mayores atribuciones a la SHCP, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para coadyuvar en la prevención y combate de ese flagelo.

Pero otra vez se quedaron cortos. En las próximas semanas el GAFI dará a conocer los resultados del diagnóstico 2016 y lo que viene es un jalón de orejas, porque México no ha sido capaz de crear un sistema judicial confiable para castigarlo.

El sistema financiero también tiene sus pendientes. De los 5 mil sujetos obligados a contar con un oficial de cumplimiento –el encargado de vigilar que se cumplan las normas anti lavado– sólo 33% ha creado esa figura.

Con todo y todo, instituciones financieras y la UIF cuentan con una estructura medianamente confiable y los mecanismos para detectar el delito: documentan los casos, arman expedientes, los remiten a PGR y ésta a su vez los lleva ante un juez.

Pero en los últimos dos pasos es donde está el problema. De todos los casos reportados y documentados pocos se convierten en carpetas de investigación y los menos en una sentencia, por la debilidad de nuestras leyes y los jueces.

El caso de Rafa y Julión es sólo una muestra de que México está en pañales en la prevención, combate y castigo contra el blanqueo de capitales.

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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: Hay gente tan pobre, pero tan pobre, que lo único que tiene es dinero.

 

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