Inclusión educativa, un derecho

Nuestro sistema político prevé contrapesos para garantizar los derechos fundamentales de las personas y contrarrestar “errores” de omisión

Ana Lilia Herrera / Diputada Federal PRI
Ana Lilia Herrera / Diputada Federal PRI

El tufo electoral de la Reforma Educativa que impulsa Morena en el Congreso, puede significar un grave retroceso para México en general y para la niñez, en particular: elimina la obligación que hoy tiene el Estado de promover y atender la educación inicial, dejando a los menores de tres años fuera de este derecho y aunque refiere la diversidad cultural y étnica, las desigualdades sociales, de género y regionales, ignora a quienes viven con alguna discapacidad.

Se dice que la discapacidad está en los ojos de quien la ve y no de quien la tiene. Y a manera de metáfora, la autodenominada Cuarta Transformación, está a tiempo de evitar el juicio de la historia sobre su ceguera fulminante: la desigualdad que, sin duda, existe y pretende combatir, exige respetar los derechos de todas las personas y no sólo privilegiar a quienes votan en los procesos electorales.

Los defensores del nuevo régimen que se pretende instaurar en nuestro país dirán que las familias más pobres (no todas) que tienen un integrante que vive con alguna discapacidad, recibirán una pensión de mil 200 pesos mensuales. ¡Qué bueno, lo necesitan!, pero seamos serios: ningún apoyo sustituye la obligación del Estado de garantizar el acceso a un derecho fundamental como es la educación.

Además, ¿para qué alcanzan mil 200 pesos al mes? En el mejor de los casos para complementar el gasto familiar y tener alimentación, pero lograr su plena inclusión en la sociedad, exige que el gobierno invierta recursos para desarrollar la personalidad, el talento, la creatividad y la independencia de las personas con discapacidad. Por fortuna, nuestro sistema político prevé contrapesos para garantizar los derechos fundamentales de las personas y contrarrestar desde errores de omisión, hasta visiones limitadas o electoreras que pretendan evadir su responsabilidad. Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció porque tratándose de personas con discapacidad, el Estado mexicano respete, proteja, cumplimente y promueva el derecho a una educación inclusiva (…) como respuesta a las limitaciones de la educación tradicional, calificada como utilitarista y segregadora.

Y no basta con establecerlo en la ley, hay que asignar presupuesto para infraestructura en las escuelas, materiales didácticos adecuados, personal de apoyo al magisterio y capacitación. El Estado mexicano –advierte la sentencia– debe adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles para lograr, de manera progresiva, el pleno ejercicio de sus derechos.

Sin embargo, a unos meses de asumir el poder, el gobierno federal ya recortó presupuesto este año a programas y acciones dirigidas a personas con discapacidad; no ha nombrado titular en el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad y ahora omite la educación inclusiva de una reforma constitucional.

Necesitamos adaptar el sistema educativo a las diferentes realidades de los alumnos y no al revés. Estamos a tiempo de seguir avanzando.

 

Diputada Federal del PRI

@analiliaherrera

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