Incidencia delictiva. ¿Por qué seguir midiéndola igual?

Columnas El Heraldo / Facundo Rosas /  Opinión El Heraldo
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A unos días de que el Sistema Nacional de Seguridad Pública de conocer la incidencia delictiva del primer semestre del 2019, la tendencia de los últimos cinco meses y los registros de carácter operativo que reportan las Fiscalías y Procuradurías estatales no ofrecen el mejor panorama en esta materia.

Si bien los delitos que más han aumentado durante los cinco meses de 2019 son extorsión, secuestro y robo con violencia; el homicidio doloso y en particular el cometido con arma de fuego destaca por su alto impacto social. En este sentido, todo parece indicar que éste último delito repuntará en el siguiente informe de avance.

La prevalencia de delitos violentos evidencia que continúan circulando armas de fuego en las calles, a bordo de vehículos y motocicletas, además de que los esfuerzos realizados hasta ahora de manera individual, interinstitucional o en coordinación con la ciudadanía para retirarlas, no han sido suficientes.

Al día de hoy no sabemos con exactitud cuántas armas de fuego, cartuchos y granadas han sido aseguradas y cuántas personas han sido detenidas por las autoridades municipales, estatales o federales y puestas a disposición del Ministerio Público; tampoco cuántas han sido recuperadas mediante las campañas de canje de armas por artículos electrónicos o dinero, emprendidas hace ya varios años.

Ante este vacío de información, la pregunta es si estamos a tiempo de establecer un nuevo paradigma en la medición de la incidencia delictiva que incorpore también los esfuerzos de la autoridad, para compensar lo que ya se hace desde hace 22 años a través del SNSP y consiste en solo reportar las Carpetas de Investigación abiertas por los delitos que cometen los grupos delictivos o las personas en lo individual.

Dicho de otra manera, acaso no sería útil informar sistemáticamente los resultados de las acciones de gobierno en términos cuantitativos, específicamente en los rubros de detenidos por su probable responsabilidad en la comisión de algún delito, así como su situación jurídica en el tiempo, todo con apego a lo que dicta el Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Además de los aseguramientos y destino de armas, vehículos y motocicletas robadas, autopartes, droga, dinero en efectivo, medicamentos, artículos electrónicos (celulares, computadoras, laptops y tabletas), joyas, combustible, inmuebles, deshuesaderos, giros negros, especies (fauna y flora), ropa, abarrotes y otras mercancías ilícitas.

En el caso de los Centros de Reinserción Social a nivel municipal, estatal y federal, también sería de utilidad registrar e informar sobre los artículos y objetos asegurados durante las revisiones físicas que buscan garantizar su funcionamiento y el respeto a los derechos humanos de los internos; esta sería una inmejorable oportunidad.

Este tipo de mediciones puntuales ya fue probado en varias regiones y entidades del país, en particular Ciudad Juárez, Chihuahua entre 2010 y 2012 con resultados favorables, gracias a la participación directa de amplios sectores de la sociedad a través de la Mesa de Seguridad, modelo que ha sido replicado con algunas modificaciones de fondo, dejando de lado la participación ciudadana para dar cabida al concepto de paz.

POR FACUNDO ROSAS 

EXCOMISIONADO DE LA POLICÍA FEDERAL

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