Ilegal e inmoral Ley Bonilla

Con el respaldo de legisladores de Morena y la mayoría panista se violentó la democracia en Baja California

Xóchitl Gálvez  / Senadora del PAN / Articulista Invitada
Xóchitl Gálvez / Senadora del PAN / Articulista Invitada

Desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones, en julio del año pasado, habló de moralidad en su gobierno, incluso, días antes de tomar posesión se presentó la convocatoria para la creación de la constitución moral, la cual funcionaría como una guía de valores.

En ese entonces el vocero del presidente electo, Jesús Ramírez, señaló que la constitución moral estaría basada en valores democráticos, laicos y republicanos que se convertirían en un pacto colectivo para comenzar una nueva etapa y estimular mejores prácticas de conducta, insisto, mejores prácticas de conducta.

Incluso, desde enero se reparte la cartilla moral en los eventos del primer mandatario y en algunos otros puntos estratégicos para el gobierno, se habla de miles de ejemplares que son distribuidos.

En es contexto de adoctrinamiento, el pasado 8 de julio, el Congreso de Baja California avaló la reforma al Octavo Transitorio Constitucional, que solicitó el diputado local de Morena, Víctor Morán, para ampliar el periodo de la gubernatura del morenista Jaime Bonilla Valdez, de dos a cinco años.

Con el respaldo de legisladores de Morena y la mayoría panista, se violentó la democracia bajo el argumento de que un periodo de dos años representaría un gasto sustancial para el erario mientras que un mandato de cinco años beneficiará a la economía local.

Que quede claro, los gobiernos no deben agandallarse el poder. Con esta decisión no descartemos que otros gobernadores consideren que los años que tienen al frente de su administración son insuficientes para aplicar sus políticas de gobierno e intenten aumentar los años en el poder estatal.

Si bien esta situación seguirá un camino jurídico y será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que defina sobre la ampliación de los tiempos en la Baja California, es importante que los representantes de los partidos y el mismo Presidente de la República condenen esta actitud anticonstitucionaista, que viola el poder electoral de la ciudadanía, como dijo el ex candidato presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas.

Es lamentable que el primer mandatario haya declarado en principio que no hubo intervención, ni línea de Presidencia en dicha decisión y que habría que esperar a que las autoridades competentes resuelvan el asunto. Desde un inicio tuvo que condenarlo.

Si bien se habla de moralidad en el partido en el poder, el gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, debe rechazar la decisión del Congreso local y respetar el voto de la ciudadanía que lo eligió por dos años.

Adicionalmente, debe investigarse a los legisladores que la aprobaron y de ser necesario aplicarse el castigo correspondiente.

No hay que olvidar que a principios de junio, el presidente del Congreso de esa entidad, Benjamín Gómez Macías, denunció que funcionarios le habían ofrecido un millón de dólares para coadyuvar en un proceso legislativo a ampliar los años de gobierno de Bonilla.

No hay duda, la decisión del Congreso en Baja California es ilegal, pero también inmoral.

Por Xóchitl Gálvez

*Senadora del Partido Acción Nacional

@XOCHITLGALVEZ

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