Hacia una verdadera inclusión educativa

El dictamen de Reforma Educativa tiene el gran acierto de incluir la inclusión como principio de la educación

Sandra Creixell / Mexicanos Primero / Heraldo de México
Sandra Creixell / Mexicanos Primero / Heraldo de México

El rumbo lo tenemos claro: un sistema educativo incluyente que responda y se adapte a la diversidad inherente de todas y todos. El camino es largo y complicado dado que tenemos un sistema educativo que excluye a indígenas, a comunidades marginadas, a niñas, niños y jóvenes (NNJ) con discapacidad, y excluye por cuestiones de geografía, género, violencia y de orientación, preferencia e identidad de género y sexual; entre otras.

Nuestra Constitución debe marcar el rumbo con claridad, sin excepciones ni distinciones. Por el otro lado, las leyes, reglamentos, políticas y programas que derivan de ella sí pueden contemplar una implementación gradual con las adecuaciones necesarias que respondan a la realidad actual que se vive en el país.

Esta precisión no es poca cosa, sobre todo cuando hablamos de derechos humanos, pues elevar a rango constitucional políticas o conceptos que responden a una realidad específica, pone en riesgo la manera en que se entienden, garantizan y exigen esos derechos.

El dictamen de reforma constitucional en materia educativa, aprobado en comisiones en la Cámara de Diputados hace casi un mes, tiene el gran acierto de incluir la inclusión como principio y criterio de la educación. Sin embargo, comete el gran error de encasillar el entendimiento de esa inclusión en el establecimiento de modalidades para los distintos grupos -especial e indígena- que además coloca fuera del aula regular.

No hay un derecho a recibir educación especial o indígena, hay un derecho humano a la educación y a que ésta sea inclusiva. La manera en que el Estado cumple con la correlativa obligación a su cargo de garantizar la educación inclusiva es lo que puede y debe cambiar en el tiempo.

En México, la modalidad de la educación especial respondió a una realidad que ha sido superada.

Así lo dijo el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo establecen diversos tratados internacionales.

Esto no significa dejar a maestras y maestros sin trabajo y mucho menos a NNJ sin escuelas, sino todo lo contrario: que el Estado incorpore a esas maestras, maestros, NNJ a un solo sistema sin modalidades que -muchas veces- se traducen en segregación. Nadie se queda afuera ni al lado ni atrás.

Para lograr esto, trabajamos de la mano de las organizaciones Yo También y Transversal y de Copred, Conapred y Sipinna, para impulsar una propuesta que cambia el fraseo del dictamen, elimina las menciones a las modalidades específicas y establece con claridad y contundencia que el sistema educativo debe ser inclusivo y la obligación del Estado de eliminar todas las barreras para el aprendizaje y la participación.

Además, proponemos que se adicione un artículo transitorio con las previsiones necesarias (emisión de diagnóstico, elaboración de Plan Nacional e implementación gradual) para alcanzar la verdadera inclusión educativa en 2030.

#EducaciónSinBarreras

 

Por SANDRA CREIXELL

DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS DE MEXICANOS PRIMERO @SANDRACREIXELL

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