Sí, debemos financiar a los partidos

La idea de que "regresan" el presupuesto asignado por el INE es una auténtica cortina de humo


Antes de enojarte, lee los detalles que te presento a continuación. A mí me encantaría, como a la mayoría de ustedes, deshacerme de la pesada carga monetaria que implica para este país el financiamiento de los partidos políticos: 11 mil 904 millones de pesos en 2018. Pero… ¿a costa de qué?

Hasta ahora, el supuesto acuerdo para desistir del dinero aprobado por el INE –supuesto, ya que no hay nada legal aún– no es más que demagogia pura. Los partidos poniéndose del lado de pueblo en un momento tan difícil. Pero si acaso consiguiéramos una reforma constitucional fast track, nuevos problemas aparecerían en el horizonte.

Primero: antes que nada es preciso entender que NO es verdad que ese dinero estaría disponible para la población, para reconstruirnos después del terremoto. Las donaciones son, en la mayoría de los casos, deducibles de impuestos. Eso implica que sería dinero que las personas más ricas de este país no le pagarían a Hacienda. Dinero que el Estado dejaría de recaudar. O sea, una cortina de humo.

Segundo: la idea de financiar las operaciones de los partidos políticos con dinero público se basa en la necesidad de establecer condiciones de igualdad para todos los competidores. De lo contrario, quienes mayores redes tengan, más dinero conseguirían. O sea, para decirlo claramente, el PRI sería el mayor recaudador. Sin mencionar que dispone aún de todas las estructuras del gobierno. ¿O ustedes creen que no las usarían, incluso ordeñando sus presupuestos?

Tercero: el jurista Diego Valadés explicó a El Heraldo de México que aun si los partidos se ponen de acuerdo dejarían fuera de su espectro de representación a 62 por ciento de la población que se encuentra en pobreza y no tiene capacidad económica para financiarlos. El financiamiento privado a los partidos se traduciría en que solo 22 % de la población con más ingresos les entregara recursos; se excluiría a los indígenas y a los estados con mayores niveles de pobreza. Es decir: una especie de voto calificado indirecto. Los que tienen más dinero, decidirán quién gobierna.

Cuarto: no están creados los sistemas de control que no sólo garanticen la legalidad de los recursos entregados y poder saber que no es El Chapo quien financia a tal o cual candidato. Tampoco tenemos la certeza que las empresas que apoyen a los candidatos, no sean después los mismos que se cobren el favor con cientos y miles de millones en contratos de prestación de servicios y obra pública con el Estado.

Por todo lo anterior, el financiamiento público a los partidos es –al menos todavía, el menos en parte– necesario. Que no nos ganen las emociones y las entrañas, que no nos engañen los que ofrecen regresar el 25%, el 50% o el 100%. Ninguno de ellos, ninguno, se encarrilaría a una campaña presidencial sin auténticas fortunas respaldándolos, salgan de donde salgan. Así de sencillo.

 

Columna anterior: De lo que ellas son capaces 

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