Fragilidad electoral, dinero y campañas

Dinero es poder y ese poder ha sido ocupado en vastas zonas del país por el crimen organizado

Fragilidad electoral, dinero y campañas

A nueve meses de la elección presidencial, cualquier candidato puede ganar en un escenario de fragilidad electoral que no había ocurrido en décadas.

Por un lado crece la expectativa de la elección con más dinero sucio en la historia y por el otro vemos que la ruta a la elección más competitiva y complicada en décadas ha comenzado ya, en las peores condiciones.

La remoción del fiscal para delitos electorales y la ausencia de un relevo, sumada al abierto enfrentamiento entre el Instituto Nacional Electoral y los magistrados del Tribunal Electoral sobre los criterios para fiscalizar las campañas políticas –un asunto que mantiene entrampada la resolución de las elecciones de gobernador en Coahuila–, vuelven extremadamente vulnerable el conjunto de instituciones electorales.

Mientras más grande sea el caudal y el caos en el flujo de dinero de los partidos, los candidatos y –ojo– sus patrocinadores, cualquier candidato de cualquier partido puede ganar en la elección de 2018.

Puede ganar Morena, puede ganar el Frente Ciudadano por México, o puede ganar el PRI.

Dinero es poder y ese poder ha sido ocupado en vastas zonas del país por el crimen organizado.

Así, junto a los caciques comunitarios, los intereses de estos grupos se infiltrarán en las campañas. El dinero llegará en forma de aportaciones o donaciones y entonces, como ha sucedido antes –como ocurrió en Colombia con Samper– el crimen organizado financiará campañas políticas con más libertad que antes: de la presidencia de la República, pasando por senadurías, diputaciones y la alcaldía más remota y pequeña del país.

Por eso algunos reconocidos especialistas en temas electorales se pronunciaron en contra de que los partidos políticos renuncien o cedan sus presupuestos para la reconstrucción del país y para otros fines más sensatos que alimentar la panza de un partido político.

A menos dinero público en las campañas –han advertido– aumentará gravemente el riesgo de que fondos de procedencia incierta lleguen a las casas de los candidatos sin importar si está limpio o si proviene de un acto criminal.

El nudo más grande está en los criterios para fiscalizar las campañas políticas, donde el INE y el TRIFE avanzan por caminos distintos, el primero en apariencia del lado de la legalidad, exigiendo más y más severos requisitos de ley, mientras el Tribunal Electoral los ha echado atrás y favorecido en la mayor parte de los casos sobresalientes al PRI y a sus partidos aliados.

Este conflicto puede minar la capacidad de las dos instituciones para garantizar que las elecciones de 2018 transcurran en condiciones de limpieza y legalidad.

El dinero se ha convertido en un actor de la política y en sentido opuesto a la idea de la equidad, la fiscalización de las campañas ha dejado de ser un elemento que ayude a la justicia de la competencia política.

 

Columna anterior: La elección de Peña

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