Fiscalía Anticorrupción: fichas de cambio

Para que la Fiscalía sea eficiente y tenga aceptable capacidad de investigación, deberá crecer 4 veces y tener por lo menos 200 agentes del MP

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La Fiscalía Anticorrupción es un caso típico de la política mexicana: una institución creada al paso de las urgencias del país y un trofeo político en disputa. ¿De qué magnitud serán los retos de esta institución que en teoría tendrá independencia y la jerarquía de una subsecretaría?

La Unidad Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la PGR es el antecedente de la Fiscalía Anticorrupción: veinticinco agentes del Ministerio Público Federal en una oficina copada por miles de expedientes de funcionarios de todo el país acusados de cometer actos de corrupción con dinero federal. 

Para que la Fiscalía sea eficiente y tenga una aceptable capacidad de investigación, deberá crecer cuatro veces y tener por lo menos a doscientos agentes del Ministerio Público, una opinión en la que han coincidido los últimos jefes de la Unidad Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos.

Esto dependerá de que a la Fiscalía se le apruebe un presupuesto suficiente y esto –la extensión del dinero– estará sujeto a las negociaciones entre los dos principales partidos políticos en el país.

En México la corrupción ha sido combatida con eslongans de campaña y acciones más espectaculares que efectivas –la Renovación Moral de De la Madrid y todos modelos imaginables de contraloría y audición en distintos gobiernos– y a largo plazo los resultados han sido semejantes: miles de expedientes abiertos, algunos cerrados y unos pocos –poquísimos– servidores públicos consignados.

Las cosas se mantuvieron por años varadas en la nube de asuntos institucionales (de reconocida gravedad y urgencia) que pueden permanecer años en el mismo estado de crisis, hasta que un día estallan. Ese día llegó en febrero de 2016, cuando un grupo de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil llevó al Congreso –y lo presionó hasta que la aprobó– la iniciativa de Ley 3de3, un proyecto de organizaciones empresariales y la sociedad civil respaldado por 600 mil firmas para que los servidores públicos estén obligados a presentar tres declaraciones, ante las dimensiones de la corrupción política en el país.

El Sistema Nacional Anticorrupción es uno de los momentos nacionales más relevantes en décadas, y no porque lo declare la liturgia política, sino por la dimensión del problema y por el impulso ciudadano involucrado. 

El 18 de julio próximo debe estar activa la Fiscalía Anticorrupción. Es evidente la urgencia de echarla a andar para movilizar por todo el país a policías que deberán sumergirse en ríos de mierda y corrupción en oficinas de gobierno . Es urgente, pero no hay un nombramiento.

No lo hay porque para nombrar a un titular la Comisión Permanente del Congreso tendría que convocar a un periodo extraordinario y no lo hace porque para decirlo en términos coloquiales, la Fiscalía Anticorrupción es rehén de los intereses de los partidos en forma de conflictos electorales, de llave de paso a reformas en espera, de pactos de transición.

Fichas de cambio y no una institución que genuinamente combata la corrupción.

Columna anterior: Pablo Escandón: negocios riesgosos

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