Exclusión por omisión

Los jóvenes internos de San Fernando tienen derecho a una educación que permita su formación y reinserción

Sandra Creixell / El Heraldo de México
Sandra Creixell / El Heraldo de México

Hace un par de semanas, una jueza federal resolvió conceder un amparo para garantizar a los jóvenes internos en la Comunidad de Tratamiento Especializado de Adolescentes San Fernando, en el sur de la Ciudad de México, una educación adecuada, adaptada a sus necesidades y que propicie una inclusión real en los sistemas educativos, a fin de revertir ciertas prácticas estructurales de exclusión y estigmatización.

El amparo lo promovimos en abril de 2017 desde Aprender Primero, brazo jurídico de Mexicanos Primero, luego de una investigación que reveló las profundas carencias en la educación que recibían los adolescentes privados de la libertad en las comunidades o centros de tratamiento. Se encontró que estos adolescentes recibían solamente una hora y media de clases al día, no tenían docentes suficientes, los pocos docentes que había no tenían el perfil, formación ni acompañamiento adecuados, y el modelo pedagógico, los materiales y libros de texto a su disposición no eran los apropiados ni pertinentes.

La investigación nos orilló a llevar el tema a la cancha del Poder Judicial de la Federación, pues la violación al derecho a la educación y, consecuentemente, del derecho a la reinserción social (que además es el objetivo último de cualquier medida de internamiento) era tangible. Con el apoyo y orientación de la organización Reinserta, encontramos un caso para llevar a la justicia: la Comunidad de San Fernando.

Luego de una revisión del marco normativo aplicable, encontramos que la exclusión que experimentaban los adolescentes en San Fernando se debía a la omisión de las autoridades (educativas, administrativas y penitenciarias) responsables de garantizar su educación. Es así como acudimos al juicio de amparo, reclamando puras omisiones a más de 20 autoridades federales y locales en la Ciudad de México.

Después de dos años de proceso, ni una sola de las autoridades pudo probar que estaba haciendo algo –lo que sea– para garantizar los derechos de educación y reinserción de los adolescentes, y la sentencia dictada en el juicio el 31 de mayo pasado, lo confirmó.

A diferencia de las autoridades demandadas, la jueza no fue omisa, sino exhaustiva y concedió el amparo para que éstas: diseñen planes y programas adecuados; asignen personal docente con el perfil y formación pertinentes; asignen asesores técnico-pedagógicos que acompañen y apoyen al cuerpo docente; impartan el mismo número de horas de clase al día que se dan fuera de la Comunidad, y provean los libros de texto y materiales educativos que correspondan.

Todo lo anterior, adaptado a las necesidades y capacidades de los adolescentes en San Fernando y destinado a prepararlos para su reinserción en la sociedad.

Es momento de exigir a las autoridades un cumplimiento pronto, suficiente y adecuado. Es momento de ponerle fin a la exclusión por omisión.

Por Sandra Creixell

¿Te gustó este contenido?