Estados Unidos explica violencia mexicana

Los cárteles mexicanos controlan el mercado de opiáceos en territorio estadounidense, lo que ha provocado más de 72 mil muertes en el año 2017

Ricardo Pascoe
Ricardo Pascoe / Mirando al otro lado / El Heraldo de México

El Congressional Research Service del Congreso de EU elaboró el documento Mexico: Organized Crime and Drug Trafficking Organizations, con fecha 15 de agosto de 2019, para miembros del Senado y la Cámara de Representantes. Afirma ese documento que Las organizaciones de traficantes de drogas de México representan la mayor amenaza criminal para EU y detentan la mayor influencia en el mercado de las drogas.

Establece que los cárteles mexicanos controlan el mercado de opiáceos en ese país, que ha provocado más de 72 mil muertes en el año 2017. A pesar de la lucha contra el consumo de drogas, su importación desde México tiende a incrementarse.

El documento confirma que La estabilidad de México es del interés estratégico de Estados Unidos, y la naturaleza e intensidad de la violencia en México es de particular preocupación para el Congreso de los Estados Unidos.

Detalla que en el sexenio de Calderón operaban cuatro grandes cárteles, y ahora, bajo el de López Obrador, son nueve los cárteles activos. Los factores que explican que en 2019 la violencia está alcanzando niveles históricamente altos, son diversos.

Destaca dos fundamentales: existe violencia orientada hacia el gobierno para que acepte un pacto de impunidad entre cárteles y el Estado (recuerda el documento que López Obrador ofreció una amnistía durante su campaña electoral) y hay violencia entre cárteles para controlar las rutas de distribución y para establecer niveles de autoridad entre ellos.

El documento cuestiona la dependencia del gobierno federal en los militares para enfrentar el narcotráfico. Calderón, Peña Nieto y López Obrador han fincado su empuje antinarco en ellos. Afirma que de los tres Presidentes, es López Obrador, con la promesa de regresar las Fuerzas Armadas a sus cuarteles, quien más ha institucionalizado el dominio del Ejército en el combate al crimen organizado. Legalizó su participación durante por lo menos los próximos cinco años, mientras dure su Presidencia.

Como consecuencia, el reporte al Congreso estadounidense refiere que las violaciones a los derechos humanos por parte de fuerzas militares están incrementándose. Además, los asesinatos de periodistas han aumentado de uno al mes, en 2018, a dos al mes, en 2019, convirtiendo a México al país con más asesinatos de periodistas en el mundo.

Además, las acciones de algunos cárteles empiezan a parecer a actos terroristas. Refiere el documento al derribo de helicópteros con RPG (GPC), el uso de coches-bomba, además de publicar videos donde decapitan a sus oponentes y los cuelgan de puentes con mensajes públicos, advirtiendo de más acciones a futuro. Afirma el documento que esas prácticas van dirigidas a presionar al gobierno para que negocie un pacto de impunidad.

Señala que ha habido un incremento de asesinatos de candidatos a puestos de elección popular y a funcionarios en puestos de decisiones que pudieran interferir con los negocio de los cárteles. Durante el proceso electoral de 2018, 37 candidatos a presidir municipios, exalcaldes y alcaldes en activo, fueron asesinados; mientras que más de 500 funcionarios de diversos niveles también se cuentan entre las víctimas. Un número indeterminado de candidatos retiraron sus candidaturas ante las amenazas que recibieron.

El documento sugiere que la Presidencia de López Obrador no ha elaborado una estrategia coherente frente al problema del narcotráfico y, aunque el Congreso estadounidense ha querido establecer reuniones bilaterales de evaluación, el espíritu nacionalista del gobierno mexicano no ha correspondido al gesto. Decrece la cooperación bilateral en materia de seguridad e inteligencia.

El documento refiere de fue durante las décadas de los 80-90 cuando el Estado mexicano acordó trabajar con cárteles favoritos, durante los sexenios de De la Madrid y Salinas. Se estableció una relación de complicidad y enriquecimiento entre cárteles y funcionarios públicos ligados a las áreas de seguridad e inteligencia en ambos sexenios. El documento menciona expresamente a la Dirección Federal de Seguridad (DFS) como el brazo operativo de este acuerdo entre el Estado mexicano y los cárteles.

Lo que cambió este acuerdo acomodaticio entre cárteles y Estado fue la apertura del sistema político a partir del 2000, hacia un sistema democrático y, por tanto, impidió que ese pacto entre cárteles y funcionarios pudiera perdurar. Se fincaba en lo inconfesable del acuerdo y en su absoluta secrecía.

Según el Congreso de Estados Unidos, el incremento actual de la violencia de los cárteles parece dirigido a obligar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a aceptar un nuevo pacto de impunidad, parecido al acuerdo de los años 80. Busca obtener beneficios, como la desarticulación de las fuerzas de seguridad, junto con una política oficial ambigua y sin objetivos claramente delineados en contra de los cárteles y su operación.

¿Lograrán su objetivo?

POR RICARDO PASCOE

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