El silencio de los responsables

La Ley de Seguridad Interior es un paso correcto para dar mayor protección a la población de aquellas entidades donde nadie más que el Ejército protegen

El silencio de los responsables

Triste resulta el debate alrededor de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior. Adelanto mi respaldo al esfuerzo del Congreso. Es un logro importante, un paso en la dirección correcta para visibilizar y regular, cada vez mejor, una forma de actuación de las fuerzas armadas, que además de estar expresamente autorizada por la Constitución y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se sigue requiriendo en muchas comunidades de nuestro país. Es, sin duda, una ley perfectible en términos de algunas de sus definiciones y los mecanismos de control y transparencia que requiere, pero es un paso correcto para dar mayor protección a la población de aquellas entidades donde nadie más que el Ejército, la Marina y cuando alcanza, la Policía Federal, protegen a la gente frente al crimen. Y es destacable que el Congreso haya asumido la tarea de promover este marco, más que suponerse como un simple canal de transmisión de las pulsiones de la opinión capitalina.

Pero me enfoco en el tono de la conversación, si es que se puede calificar como tal. Sé, por ejemplo, que la opinión que aquí expreso seguramente será recibida con el desacuerdo y quizá incluso el desprecio de muchos. Este encono se explica, desde luego, de quienes alevosamente usan el tema como plataforma de promoción personal o partidaria. Como en muchos temas de la agenda pública, hay frivolidad, oportunismo y superficialidad en el debate. Pero en la mayor parte de los casos que se han activado en torno a esta Ley hay una preocupación genuina por la seguridad de la población y la protección de los derechos humanos. No veo ahí la fuente principal del problema.

En torno a la discusión de la Seguridad Interior y sus alcances, lo que es lamentable e incontestable es el abandono absoluto de la presente administración respecto al tema. La responsabilidad crucial de que el agravio social sea tan profundo, y la deliberación tan pobre, es de quienes han faltado a un deber principal de un gobierno democrático: explicar sus acciones y debatirlas de cara a la población. En materia de seguridad, pero especialmente en términos de cómo se plantearon las políticas, nada más falso que igualar lo que hizo la administración actual con lo que se hizo durante el gobierno del Presidente Calderón. Muchas son las diferencias, desde luego, pero es evidente que, en contraste con lo que ocurría hace seis años, hoy los índices de violencia y los principales delitos van al alza, y nadie explica por qué ni se hace cargo de ello.

¿Cómo no va a haber encono si no ha habido siquiera quien, desde el gobierno, haga el esfuerzo de hacer la pedagogía del argumento? ¿Cómo no se va a caracterizar como insuficiente la discusión si de parte de la Administración nadie sale a defender lo poco o mucho que se ha hecho y las razones detrás de ello? Algunos senadores, particularmente Roberto Gil, han hecho dignamente suya esa tarea, pero ha brillado por su ausencia el poder Ejecutivo, quien es responsable también de la otra razón del descrédito de la Ley: el estancamiento en el desarrollo de la Policía Federal y su sujeción a criterios políticos, logros ambos de la disolución de la Secretaría de Seguridad Pública al inicio de este sexenio.

Y aprobada la Ley, ese es el reto cardinal para el próximo periodo electoral. Basta de señalar a otros por su presunta perversión e incompetencia y satisfacerse con ello. Es momento de asumir propuestas y discutirlas sin la pretensión de superioridad moral que hoy distingue a la mayor parte de los debatientes. Seriedad y mesura son indispensables. La obligación es, sobre todo, de quienes pretenden asumir la Presidencia de la República.

 

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