El reclamo, la respuesta y la confirmación

El Consejo de la Judicatura Federal puede investigar si la conducta personal de cualquier juzgador es irregular

Enrique_Rodríguez

El martes 12 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador recurrió a un tema que le gusta poner en la agenda cuando hay decisiones judiciales que no coinciden con su idea subjetiva de lo correcto. Anunció que hablará con Arturo Zaldívar, presidente de la Corte para manifestarle su inconformidad por la actuación de algunos jueces federales, que, dijo, liberan delincuentes con facilidad.

Aquí el fragmento textual: Se detienen a presuntos delincuentes y tardan 3 o 5 días para que queden libres, la excusa es que no están bien integradas las averiguaciones y que no se cumplió con el debido proceso y eso da pie a que un juez deje en libertad a un presunto delincuente.

No está a discusión el derecho a opinar del Presidente López Obrador, sin embargo su investidura de jefe de Estado significa una presión de gran relevancia mediática. No deja de ser grave el persistente uso del poder político que ostenta para tratar de modificar resoluciones de jueces o ministros que no son de su agrado.

El Consejo de la Judicatura Federal puede investigar si la conducta personal de cualquier juzgador es sospechosa o irregular. Todo juez que se aparte de la ley debe ser sancionado, para eso existe el tipo penal de delitos contra la administración de justicia y los procedimientos administrativos correspondientes.

Durante el próximo encuentro que sostendrán AMLO y Zaldívar, el presidente de la Corte podría explicarle de forma didáctica por qué en 2013 Florence Cassez fue liberada con una resolución de la primera sala, por violaciones al debido proceso con un proyecto suyo que fue respaldado por Olga Sánchez Cordero, ahora secretaria de Gobernación.

También el martes, el juez Felipe de Jesús Delgadillo, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del reclusorio sur, quien vinculó a proceso a Luis Felipe Pérez el Felipillo por delitos contra la salud, reprochó en público al Ministerio Público del caso, haber hecho una dolosa clasificación de los ilícitos imputados al felipillo, al señalar que producía narcóticos dentro de un vehículo, con la finalidad de lograr una acusación más espectacular basada en hechos falsos.

Conociendo el contexto de los comentarios presidenciales, el juzgador afirmó: Que se entienda bien Ministerio Público, no soy juez a modo, ni a favor de los delincuentes. No soy su mandadero, ni escribano, que le quede claro a usted y sus superiores. Corrupción es pretender presionar a la autoridad judicial sin sustento alguno con fines mediáticos. Sin duda, contundente.

EDICTOS

Desde septiembre de 2018, les comenté en esta columna que Yasmín Esquivel Mossa sería ministra de la Corte en la presente administración. La esposa de José María Riobóo ha iniciado un periodo de 15 años en el máximo tribunal que culminará en marzo de 2034. Sus resoluciones y votos serán el factor objetivo para evaluar su desempeño e independencia como jueza constitucional, al tiempo. Hasta el domingo.

 

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@jenroma27

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