Rodolfo Lara Ponte: El principio de progresividad

Este precepto apuntala mandato para que las instancias realicen acciones a favor de los DH de una manera integral

Rodolfo Lara Ponte: El principio de progresividad

Desde el año 2011 nuestra Constitución incluyó en su artículo inicial los principios rectores para la observancia de los derechos fundamentales al señalar que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Éste precepto apuntala el mandato para que las instancias estatales enfoquen y realicen acciones a favor de los derechos humanos de una manera integral, sistémica y progresiva.

Los análisis jurídicos realizados sobre el alcance conceptual y la aplicación del principio de progresividad, hoy sirven para determinar la forma en la que las autoridades y los órganos del Estado deben dar cobertura a los derechos y garantías amparados en nuestra Constitución y en el orden internacional.

Desde una perspectiva histórica, conviene traer a colación el enunciado que se incorporó en el artículo tercero de la Constitución de 1917, que estableció que la educación que imparta el Estado habrá de ser democrática, aportando en ese mismo precepto una noción de forma de gobierno cuya estructura jurídica y política debe trabajar hacia un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Sin duda, dicho enunciado tiene un sentido que podría ser esencialmente equiparable con el moderno principio de progresividad relativo hoy a los derechos humanos, sobre todo, porque encuadra los objetivos y los parámetros de beneficio hacia la población que deben conducir las acciones gubernamentales.
Como es reconocido por numerosos juristas, es en el ámbito internacional de los DH donde se catapulta de manera significativa un conjunto de instrumentos, principios y criterios interpretativos, entre ellos la progresividad, que han permitido albergar la expansión de los derechos de distinta índole en los ordenamientos internos. Este es el caso del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,

donde se señala la responsabilidad de los Estados para lograr progresivamente la efectividad de esos derechos; y también, en el ámbito regional, del artículo 26 de la propia Convención Americana sobre los Derechos Humanos relativa al avance progresivo que deben tener los llamados DESC (derechos económicos, sociales y culturales)

En México, desde la esfera jurisdiccional se han definido criterios sobre la naturaleza jurídica del principio de progresividad y la función que cumple en el Estado mexicano para la expansión de derechos.

En ese sentido, se asume que dicho principio atañe a la obligación de impulsarlos de manera progresiva y gradual, de tal manera que todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, están obligadas a incrementar el grado de tutela en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos.

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