El Poder Judicial, un cuarto bajo llave

Se apartó no sólo del escrutinio de la sociedad, sino de la realidad del país

Wilbert_Torre
Wilbert Torre / Serendipia / Heraldo de México

El choque histórico entre los poderes Ejecutivo y Judicial sobre la disminución de los salarios de ministros, jueces, magistrados y altos funcionarios, ha puesto al descubierto que, a pesar del progreso y la importancia de las leyes y herramientas de transparencia creadas en los últimos 18 años, sectores importantes en el servicio público han logrado consolidarse cobijados por una oscuridad y una opacidad inaudita en estos tiempos.

Esa bruma, alentada desde la institucionalidad, provocó que el Poder Judicial se hundiera en un mar de hábitos turbios e intereses particulares y de grupo que se institucionalizaron en los últimos años.

Por acuerdo del pleno de la Suprema Corte, solo por citar un ejemplo reciente, se reservó buena parte de la información para transparentar las políticas públicas y el presupuesto destinado a pensiones, gastos de representación, bonos, vales y viáticos de los magistrados, ministros y jueces.

Y esta ausencia incomprensible de transparencia provocó que en los últimos años, dentro de ese poder vital para impartir justicia en México, echaran raíces algunas de las conductas más censuradas en el servicio público.

No lo digo yo, lo sostienen algunos de los candidatos a la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia, un puesto de primera importancia que habrá de resolverse en medio de la colisión entre el Poder Ejecutivo y el Judicial.

En sus proyectos sobre la Suprema Corte que proponen, los aspirantes plantean sin rodeos que una de las prioridades debe ser combatir el nepotismo y la corrupción.

Arturo Zaldívar, uno de los aspirantes a dirigir la estratégica Suprema Corte de Justicia, dijo que el nepotismo es uno de los problemas que más ha dañado la imagen del Poder Judicial, y pidió que se regule el acceso a cargos para que los vínculos familiares no predeterminen las oportunidades de ingreso y tampoco sean un obstáculo discriminatorio.

Alberto Pérez Dayán propuso exámenes para secretarios, jueces y magistrados y redefinir los requisitos de ingreso y permanencia. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena planteó consolidar la carrera judicial con base en el mérito, las competencias, la igualdad de género, el combate a la corrupción y la eliminación de conflictos de interés.

Para ilustrar la forma en la que se ventilan estos asuntos dentro del Poder Judicial, puede recurrirse a la mismísima demanda de amparo que presentaron jueces y magistrados contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos: se menciona que el senador Ricardo Monreal atribuyó casos de corrupción a la duración indefinida de los titulares, pero sólo se basó en el caso de un magistrado en Durango y otro en Guanajuato.

Si el Ejecutivo llegó a convertirse en un poder de poderes, según la descripción del presidente López Obrador, el Poder Judicial cobró la forma de un cuarto bajo llave y apartado no sólo del escrutinio social, sino de la realidad de un país en donde un alto funcionario judicial puede ganar 578 mil pesos al mes.

 

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@wilberttorre

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