El hambre por el poder y el maltrato democrático

En 2014 se aprobó una reforma constitucional que buscaba homologar la elección de la gubernatura con los comicios federales

JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO  /  SENADOR POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO / SENADOR POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

La democracia mexicana hoy sufre maltrato de parte de los poderes Ejecutivo (estatal) y Legislativo, y del municipio de Baja California. Y nadie, dentro del gobierno local, parece interesado en defenderla para cumplir la máxima desde la que se fundamenta: el respeto de la decisión ciudadana.

Es un concepto básico que parece no estar del todo claro para los diputados del Congreso de la entidad, quienes, sin importar partido o convicciones propias, extendieron el periodo del próximo gobierno de dos a cinco años. Pero ¿cuál es la gravedad de esta acción? ¿Por qué resulta anticonstitucional? Simple. En 2014 se aprobó una reforma constitucional que buscaba homologar la elección de la gubernatura con los comicios federales.

Con esta lógica, el siguiente periodo de gobierno duraría dos años, iniciando el primero de noviembre de este año y terminando el 31 de octubre de 2021. Con estas reglas fue que los aspirantes al cargo decidieron participar, hasta que arrancó el proceso electoral, momento en que se presentaron impugnaciones respecto al periodo del ejercicio del Ejecutivo local.

Entonces el Tribunal Electoral estatal cometió la primera violación a lo planteado cinco años antes, pues inclinó su resolución a favor del quejoso. Una acción totalmente ridícula, en la que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación intervino anulándola y afirmando lo establecido en la reforma de 2014. Pero el asunto no acabó ahí, pues en abril, Jaime Bonilla, entonces candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, volvió a manifestarse en contra, en búsqueda de una ampliación definitiva.

De nueva cuenta, la autoridad electoral local obedeció ciegamente los caprichos del político, señalando la extensión del periodo hasta por cinco años.

Sin embargo, la Sala Superior, por segunda vez, bloqueó esta intención, declarando que la elección de gobernador sería por dos años.

Ahora, de nueva cuenta, el Congreso local y el Tribunal Electoral se inclinaron con un infame servilismo ante los deseos del próximo gobernador de permanecer en el cargo por cinco años. Todos estos políticos buscan congraciarse con el nuevo cacique del estado, Jaime Bonilla, con tal de que les conceda su perdón durante su gobierno, o les ofrezca su dádiva y bendición monetaria.

Tan es así, que a los diputados locales de Baja California parece importales poco la expulsión de sus respectivos partidos, dado que la protección de Bonilla les parece una opción más jugosa, mientras las aguas nacionales se calman. Sin embargo, la verdadera tempestad aún no llega, dado que Porfirio Muñoz Ledo analiza la posibilidad de establecer una controversia constitucional o la desaparición de los poderes en la entidad.

Pero en lo que se resuelve este asunto, no cabe duda que el golpe propinado desde Baja California al modelo democrático no resalta por lo burdo, que sin lugar a dudas lo es, sino por el hambre de poder del excandidato de la coalición Juntos Haremos Historia.

Por Juan Antonio Martín del Campo

Senador por el PAN

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