El “gasolinazo”de la CDMX

En enero, el consumidor deberá comprar las llamadas bolsas verdes, productos a base de polipropileno

Milén Mérida / Match point / El Heraldo de México
Milén Mérida / Match point / El Heraldo de México

El primero de enero de 2020 entrará en vigor en la CDMX, de Claudia Sheinbaum, la prohibición para comercializar, distribuir y entregar productos plásticos de un solo uso.

Lo anterior, en teoría, suena muy positivo, porque contribuye con el medio ambiente, pero de aplicarse esta prohibición –la cual fue promovida desde la administración de Miguel Ángel Mancera– así como está, sin normas, sin criterios, sin capacidad para gestionar residuos y sin planeación, provocará un duro golpe al bolsillo de los capitalinos.

En promedio, una familia utiliza cinco bolsas de plástico a la semana para transportar sus compras o para gestionar residuos de manera limpia y ordenada, mismas que en su mayoría adquiere gratis de los establecimientos y que tiene características de fabricación para ser reusada más de tres veces.

Con la aplicación de este ordenamiento, el consumidor deberá comprar las llamadas bolsas verdes, que no son otra cosa que productos a base de polipropileno, un termoplástico semicristalino, con un costo promedio de 20 pesos y con una durabilidad de un mes. O en su defecto, adquirir las bolsas de plástico compostable, con un costo de 1.50 pesos sin posibilidad de reusarse. Hagan las cuentas.

En cuanto a la gestión de residuos, eje central de esta legislación, además de que ahora la gente deberá comprar sus bolsas para el manejo de sus productos y residuos, resulta que no hay infraestructura suficiente para el compostaje, basta solo un ejemplo: la planta de composta de la CDMX, la cual procesa mil 400 toneladas al día de material orgánico, podría procesar hasta 280 toneladas diarias de plásticos compostables; capacidad que sería insuficiente, lo que provocaría más daños al ambiente y recursos tirados a la basura.

Ante este panorama, 2020 está a la vuelta de la esquina, por lo que tanto Claudia Sheinbaum, como su titular del Medio Ambiente, Marina Robles García, deberían revisar y corregir una prohibición que afectará a millones de familias que tendrán que destinar más de 100 pesos al mes en una solución que ambientalmente no trae los beneficios que se esperan.

CASH

Respecto de mi columna publicada la semana pasada y titulada Avaricia inmobliaria en el Paraíso, recibí una carta de Celestino Estrada, apoderado legal del empresario Alfredo González Palma, en la cual me comenta que este último funge como administrador de la empresa Amistad Bienes y Servicios Empresariales y que dicha firma se dedica a la prestación de servicios inmobiliarios como intermediaria pero no a la venta de terrenos, por lo que rechaza el sentido de lo publicado.

Asimismo, comenta que en el caso que menciono de hechos sucedidos en Monclova, Coahuila, fueron ellos los que sufrieron un despojo por parte de una organización dedicada a la invasión de tierras y no al revés, lo cual fue llevado a término legal.

POR MILÉN MÉRIDA
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@MILEN_KA



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