El derecho de opinar

Cualquier abogado defensor que tiene la posibilidad de llevar un litigio a otro fuero, acudirá a tribunales federales

Enrique Rodríguez / Libertad bajo palabra / Heraldo de México

Existe una gran diferencia entre el maltrecho grado de confianza que inspiran los jueces de la Ciudad de México y el que tiene el Poder Judicial de la Federación. Con todas las consideraciones que amerite el análisis de las excepciones, para cualquier abogado defensor que por la naturaleza de la causa que representa tiene la posibilidad de llevar un litigio a otro fuero, siempre será mejor acudir a los tribunales federales. 

Decidir sobre el derecho de opinar es un tema de la mayor importancia para la democracia. La Suprema Corte de Justicia tiene múltiples criterios y jurisprudencias que protegen la libertad de expresión para resolver casos emblemáticos en los que consistentemente ha protegido a periodistas y medios de comunicación ante las amenazas del poder en cualquiera de sus vertientes. 

El caso de Sergio Aguayo Quezada, articulista del periódico Reforma, perseguido y sancionado por sus opiniones respecto al ex gobernador de Coahuila Humberto Moreira es una causa que refleja fielmente la gran diferencia entre los criterios de la justicia local en la capital y los que se podrían obtener ante el Máximo Tribunal.

 Moreira presentó una demanda por presunto daño moral en virtud de una publicación de Aguayo en 2016. Francisco José Huber Olea, magistrado de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México condenó al politólogo a pagar 10 millones de pesos por el supuesto daño producido en la imagen del ex mandatario priista. La defensa de Aguayo trata de probar que existe conflicto de interés, ya que el juzgador es hermano de Jean Paul Huber Olea a quien le fue otorgada una notaría gracias al hermano del demandante en 2017. El Consejo de la Judicatura de la capital ya admitió analizar  la queja, al tiempo que el Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena ha pedido a sus compañeros de la Primera Sala en la Corte, atraer el caso para lo que deberá establecer la trascendencia del asunto y convencer a sus pares de que no sólo es un litigio entre particulares, sino una decisión que sentará otro precedente para la protección del derecho a opinar en México, sus alcances y límites. 

De aceptar la atracción los togados estarían revisando un amparo directo presentado contra la cuestionable decisión del magistrado de la capital. Gran oportunidad para fijar un nuevo criterio sobre el respeto a la libertad de expresión en tiempos de una prolongada vuelta en U  que pretende llevarnos de regreso al autoritarismo y el control sobre las opiniones. 

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EDICTOS

En el contexto del caso Aguayo, hace unos días trascendió el borrador de una serie de reformas impulsadas por legisladores de Morena y la Fiscalía General de la República para analizar que se vuelva a tipificar el delito de difamación erradicado en 2007 y utilizado por el rancio presidencialismo para acotar periodistas. Tengo confianza en que la Corte atraerá el litigio y adoptará una resolución protectora de los derechos que consagra nuestra Constitución.

        

POR ENRIQUE RODRÍGUEZ 

ENROMA27@GMAIL.COM 

@JENROMA27

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