El combate a la corrupción en la 4T

Es cierto que el presidente López Obrador ha dado muestras fehacientes de que la venganza no es su fuerte, pero me temo que hacer justicia en casos de corrupción tampoco lo es

A más de 100 días de la llamada Cuarta Transformación (4T) carecemos de indicadores que permitan medir los avances de la estrategia federal contra la corrupción. Nos encontramos igual que hace uno, dos o tres sexenios, con un gobierno poco dispuesto a transparentar esta problemática, denunciarla e impulsar pesquisas contra servidores y particulares coludidos beneficiados por esta práctica ilegal en las pasadas administraciones y también en el presente.

Desafortunadamente no basta con afirmar que la corrupción ha terminado sólo con poner el buen ejemplo. Se requieren instrumentos para medir los avances en esta materia, identificarla, prevenirla y sancionarla. ¿Sabrá el presidente López Obrador que 76% de los contratos asignados por su gobierno en 2019 fueron adjudicaciones directas? (Compranet, 2019). Porcentaje similar a las contrataciones de Peña Nieto. ¿No resulta una alerta suficiente para empezar a poner orden en la casa y diferenciarse del pasado? ¿Con qué datos podremos confirmar que los actuales funcionarios se están portando bien?

Sin embargo, al día de hoy desconocemos cuántas denuncias ha formulado la autoridad por delitos de corrupción en contra de funcionarios y sus cómplices, así como el monto de los recursos desviados, las carpetas abiertas, el porcentaje de averiguaciones judicializadas, el número de sentencias, los acuerdos reparatorios en favor del Estado, los bienes recuperados y las sanciones impuestas a los responsables, incluyendo personas físicas y morales involucradas en estos ilícitos.

Proveer esta información permitiría dimensionar el tamaño de la podredumbre institucional a la que alude diariamente el Presidente y evaluar el desempeño de las autoridades, fiscalías y jueces en el combate a la impunidad de actos ilegales en la función pública, lo que evitaría la politización de las indagatorias y el linchamiento mediático de los acusados. Pues hasta ahora lo que ha prevalecido en el discurso del Presidente es el enjuiciamiento político de los gobiernos que le precedieron, sin proceder contra ellos, pero violentando el principio de presunción de inocencia, sometiendo incluso a consulta popular el combatir o no la impunidad de sus antecesores, algunos de ellos señalados en casos emblemáticos como Odebrecht, #LaEstafaMaestra o nuevos escándalos como #ElProyectoSecreto, por citar algunos.

Otro ejemplo de lo anterior son las acusaciones del Presidente a las organizaciones de la sociedad civil por su presunta discrecionalidad, opacidad y corrupción, en el manejo de los donativos federales que reciben. Aun cuando fuentes en el interior del gobierno me compartieron que estas donatarias emplearon más del 5% de estos fondos en nómina y fines distintos a los de su objeto social sin destinarlos a los beneficiarios de sus programas, lo que representaría una violación a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el Presidente optó por no revelar este diagnóstico ni presentar las denuncias correspondientes.

Es cierto que el presidente López Obrador ha dado muestras fehacientes de que la venganza no es su fuerte, pero me temo que hacer justicia en casos de corrupción tampoco lo es.

Rubén Salazar, director de ETELLEKT

@ETELLEKT_

 

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