Diva Gastélum Bajo: Desplazamiento forzado interno, un problema urgente de atender

En 2016, alrededor de 35 mil personas fueron desplazadas por motivos de violencia entre grupos armados

Diva Gastélum Bajo: Desplazamiento forzado interno, un problema urgente de atender

El incremento de familias en situación de exilio involuntario pone en evidencia la crisis humanitaria que actualmente enfrentamos a nivel nacional e internacional.

De acuerdo con el Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno en México, realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; en 2016, alrededor de 35 mil personas fueron desplazadas por motivos de violencia entre grupos armados.

Pero no todas las causas son debido a la violencia e inseguridad, existen motivos relacionados con los desastres naturales, usos y costumbres (principalmente en comunidades indígenas), conflictos religiosos y por tierras; así como diversas violaciones a sus derechos humanos y políticos.

Este fenómeno de migración forzada masiva ha impactado en al menos 23 mil 169 personas, en entidades como Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

Dos de las entidades en las que más se ha visibilizado el desplazamiento forzado interno ha sido Chiapas y Sinaloa; esta última afectando a por lo menos 65 comunidades serranas distribuidas en siete municipios del estado: Sinaloa de Leyva, Badiraguato, Culiacán, Guasave, Choix, Navolato y El Fuerte. Además de registrar en 2016 seis eventos, afectando a más de 4 mil 208 personas.

Y es que, al desplazarse de manera forzada, las personas no solamente pierden su hogar, también pierden sus vidas, patrimonio, familias y vínculos, y arraigos con su propia identidad.

En México, a pesar que este fenómeno ha sido reconocido por el Estado, no se cuenta con un registro nacional oficial.

Hace unos días propuse al Pleno de la Comisión Permanente reformar la Ley del Sistema Nacional del Inegi a fin de que se generen indicadores para atender procesos sociales, los cuales no se limiten al Desplazamiento Interno Forzado.

Pues si bien, en la Ley General de Víctimas se establecen medidas de protección y amparo por parte del Estado mexicano a las personas desplazadas; sólo a nivel estatal, Chiapas y Guerrero buscan man- tener la información actualizada de la población atendida y realizar el seguimiento de los servicios que el Estado y la asistencia humanitaria prestan a la población desplazada, a fin de que se supere esta condición.

Quienes integramos los congresos y gobiernos estamos obliga- dos a atender y dar respuesta a la situación de quienes parecen ser invisibles a la justicia y a su propio entorno comunitario y familiar. Debemos de propiciar sociedades sin violencia en las que todas las personas gocen de plenos derechos.

No podemos cerrar los ojos y no actuar en la defensa de la dignidad, puesto que significaría retroceder en el desarrollo y logros obtenidos.

 

SENADORA DE LA REPÚBLICA POR EL PRI

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