Dinero y Partidos Políticos

Se requiere un análisis más profundo que la populista y superficial decisión de reducir prerrogativas

Cecilia Romero / Colaboradora / El Heraldo de México
Cecilia Romero / Colaboradora / El Heraldo de México

La reducción de las prerrogativas a los partidos políticos es nuevamente objeto de discusión. Los legisladores de Morena han dicho que será de la más alta prioridad apenas inicie el periodo de sesiones. El Consejo General del INE discutió ampliamente sobre el particular. Los medios de comunicación han expresado su opinión. Los dirigentes partidistas, también.

Es fundamental, cuando se van a tomar decisiones importantes, analizar todas las aristas, razones para hacerlo, posibles consecuencias y opciones. El caso de los dineros para partidos políticos se configura como parte de un asunto complejo que requiere un análisis mucho más profundo que la populista y superficial decisión de reducir prerrogativas.

¿Qué ha pasado en la historia del PAN sobre este asunto?

La discusión sobre el financiamiento público ha estado desde hace más de 30 años. No estaba en la cultura panista el aceptar prerrogativas gubernamentales, sobre todo porque no había marco legal que las regulara.

El PAN vivió fundamentalmente del trabajo voluntario de sus dirigentes, que llegaban a las oficinas del partido una vez concluido su trabajo profesional, en el despacho, la tienda o la fábrica.

Las cuotas que aportaban los militantes eran utilizadas para las labores de proselitismo. A regañadientes se empezó por aceptar el papel para la impresión del órgano de difusión.

Cuando la ley incorporó la distribución de dinero público a los institutos políticos, el PAN decidió aceptarlo, tras larga deliberación y votación en el Consejo Nacional, pero con un candado: solamente podría utilizarse para la compra de inmuebles y capacitación.

Se creó una Comisión del Consejo para supervisar la distribución y uso adecuado del financiamiento, que se recibía como complemento de las cuotas de militantes y legisladores, donativos y de los sorteos de automóviles, fuente principal de ingresos durante muchos años.

No fue sino hasta que los partidos políticos pasaron a ser entidades de interés público que Acción Nacional decidió, nuevamente después de larga deliberación y votación en el Consejo Nacional, quitar el candado impuesto al uso del financiamiento público. La ley también restringió la posibilidad de realizar sorteos, y de recibir donativos de particulares, que incluyen las cuotas de los militantes.

La Comisión de Vigilancia del Financiamiento Público desapareció y se fortaleció la Contraloría Interna. La aparición paulatina de financiamiento público a nivel local y el financiamiento para campañas, hizo necesaria la multiplicación de controles y la ampliación de equipos administrativos, para cumplir con los cada vez más voluminosos manuales de requisitos impuestos por la autoridad electoral.

Este primer acercamiento muestra que hay una inmensa cantidad de variables que deben ser consideradas en la toma de decisiones de esta envergadura.

POR CECILIA ROMERO

COLABORADORA

@CECILIAROMEROC

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