Desmitificando al tercer país seguro

En vez de rasgarse las vestiduras para no ser un tercer país seguro, México debería aprovechar los fondos que se podrían conseguir

Beata Wojna / Heraldo de México
Beata Wojna / Heraldo de México

Mucho se ha escrito sobre las razones por las que México no debería convertirse en tercer país seguro. Este concepto implica la obligación de acoger en el territorio mexicano a los refugiados, principalmente centroamericanos, que no son aceptados en Estados Unidos y de ofrecerles protección de acuerdo con la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.

Los críticos de esta idea, además de cuestionar la política estadounidense y la dimensión de los flujos migratorios, han manejado numerosos argumentos de carácter jurídico, económico, de seguridad y orgullo nacional.

Ahora bien, México desde hace varios años otorga asilo a personas que huyen de persecuciones. Por ejemplo, entre enero y septiembre de 2018 se aprobaron mil 327 solicitudes de refugio, principalmente para los ciudadanos de Honduras, El Salvador y Venezuela.

Por otra parte, la práctica internacional demuestra que muchos países, destino de migración, aplican el concepto de tercer país seguro o de país seguro de origen para frenar las solicitudes masivas de refugio en sus territorios. Los Estados Unidos que ya en 2004 firmó un acuerdo de tercer país seguro con Canadá, no es el único país que ha adoptado esta política.

La Unión Europea empezó a buscar una solución para frenar la entrada masiva de sirios después de recibir a un millón de refugiados de ese país. La encontró en la vecina Turquía, que en 2016 aceptó el trato del tercer país seguro a cambio del financiamiento de los campamentos para refugiados en su territorio y a pesar de los problemas con la observancia de los derechos humanos.

Marruecos es tercer país seguro para España. Rusia lo es para Noruega donde, para frenar la llegada de refugiados sirios por la frontera rusa, el parlamento introdujo cambios legislativos que abrieron el camino a sus deportaciones a Rusia. Asimismo, una veintena de países europeos contempla el concepto de tercer país seguro en su legislación y lo aplica en caso de necesidad. Además, catorce de los miembros de la UE tienen listas de países seguros de origen, entre los que se encuentran varios países africanos de frágil seguridad y dudosa reputación en cuanto a la protección de derechos humanos.

Cuando la migración y el refugio marcan las agendas bilaterales es casi inevitable que algunos países vecinos se conviertan en tercer país seguro. Los casos europeos demuestran que hasta los defensores más reconocidos de los derechos humanos aplican este concepto pese a las controversias que suscita. Estas prácticas contribuyen a debilitar los argumentos de carácter jurídico y de seguridad en contra del tercer país seguro, pero así es la realidad internacional.

En este contexto, lo único que queda es luchar por conseguir los fondos adecuados para poder atender el problema. Así pues, en vez de rasgarse las vestiduras para no ser un tercer país seguro, México debería quizás apostar por aprovechar los fondos que se podrían conseguir desde EU para modernizar su sistema de atención a los migrantes y refugiados.

POR BEATA WOJNA

PROFESORA DE RELACIONES INTERNACIONALES,

ITESM @BEATAWOJNA

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