Derechos humanos y gobernanza

Derechos humanos y gobernanza

Rodolfo Lara Ponte/Experto en derechos humanos

El marco constitucional de derechos humanos, fortalecido a partir de las reformas de 2011, se confirma hoy como el eje que debe conducir la actuación de las instituciones públicas para la atención de las problemáticas más sentidas y prioritarias de la sociedad mexicana.

Junto a otras reformas de gran calado, como es el caso de la relativa al juicio de amparo, arraiga en nuestro ordenamiento jurídico mejores mecanismos para salvaguardar derechos y libertades de individuos, sectores sociales y pueblos.

Como se ha señalado reiteradamente por diversos actores, una transformación constitucional no se traduce automáticamente en beneficios inmediatos para la población, ya que se requiere tanto un proceso de implementación, como un seguimiento sobre su incidencia en la eficacia institucional.

Hoy, uno de los factores insoslayables para la construcción de nuevas realidades lo representa la sociedad civil, la cual demuestra en forma progresiva tener el conocimiento y la capacidad para participar en el curso de los asuntos públicos más relevantes en México.

Organizaciones sociales que monitorean cotidianamente la gestión gubernamental y tienen un activismo propositivo en temas tales como la lucha contra la corrupción, la defensa de las libertades públicas, los derechos y la seguridad de las mujeres, solo por citar algunos temas destacados, conforman una sinergia que debe capitalizarse en los procesos de cambio institucional.

En este contexto, la noción moderna de gobernanza resulta clave en la actualidad, en razón de que se trata de una idea de interrelación política que busca articular los esfuerzos estatales y sociales en una comunidad de objetivos, y a partir de una redistribución de tareas, tendentes a ofrecer respuestas a problemáticas importantes.

De esta manera, dicho concepto, cuyo origen en el ámbito político y en la academia es la inquietud acerca de la capacidad del Estado para responder a las demandas sociales en contextos complejos, aporta una metodología que puede resultar de una gran utilidad para que el diseño de las políticas públicas esté alineado a situaciones concretas, donde se tengan a la vista la condición de vida de mujeres, hombres, niños… de carne y hueso, parafraseando la premisa humanista de Miguel de Unamuno.

En esta lógica, la gobernanza tiene un vínculo directo con los derechos humanos, cuya esencia atañe a la necesidad de poner en el centro de la acción estatal a la libertad y a la igualdad como atributos de la dignidad de la persona, constituyendo el componente más sólido para la evolución de las sociedades democráticas modernas.

Consecuentemente, los preceptos constitucionales aludidos deben entretejerse en el conjunto de las acciones de las Instituciones del Estado, en una perspectiva de gobernanza sustantiva, que trabaje hacia el ejercicio igualitario de derechos, a través de políticas públicas, acciones afirmativas y una adecuada distribución de responsabilidades.

Todo ello motivado por un acuerdo que nos permita superar problemáticas contemporáneas, a partir de un perfil de sociedad participativa e incluyente.

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