Derecho a la vivienda

El panorama del sector se encuentra en una situación verdaderamente lamentable y preocupante

Jesús Ángel Duarte Téllez   / Heraldo de México
Jesús Ángel Duarte Téllez / Heraldo de México

Todos sabemos lo valiosa que es para cualquier familia su vivienda, que representa mucho más que sólo una construcción con techo y paredes, al ser el espacio preponderante de la vida familiar e interacción comunitaria.

Se trata de un elemento central para las relaciones humanas y la construcción del tejido social, de ahí que sea un factor que pueda posibilitar o imposibilitar el bienestar de la población.

Tan es así, que nuestra carta magna consagra en su artículo cuarto el derecho de todos a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, vinculándolo con otras prerrogativas como la igualdad de la mujer y el hombre ante la ley, el derecho a la alimentación, salud, a un medio ambiente sano, al agua, el principio del interés superior de la niñez, entre otros.

Por su parte, la Ley de Vivienda -reglamentaria del texto constitucional- define con precisión lo que debe entenderse por vivienda digna y decorosa al hablar de salubridad, espacios habitables, servicios básicos, seguridad jurídica y criterios para la protección física de los ocupantes.

Así mismo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y los instrumentos internacionales que México ha suscrito y adoptado en la materia, consignan puntualmente el derecho de todo individuo a contar con un hogar seguro donde pueda vivirse en paz y dignidad.

No obstante, la realidad y el panorama del sector que se vive en nuestro país se encuentra en una situación verdaderamente lamentable y preocupante.

De acuerdo con los indicadores que ha logrado documentar el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), cuatro son los aspectos que más deberían llamar la atención: dado que la compra de vivienda sólo es accesible para quienes perciben al menos 5 salarios mínimos, 73.6 millones de mexicanos están excluidos del mercado formal; segundo, existen rezagos en 14 millones de viviendas, problemática que se recrudece alarmantemente en zonas rurales y comunidades indígenas; tercero, 85 por ciento tienen una mala ubicación, estando alejadas y marginadas de las actividades productivas y la infraestructura urbana básica; y cuarto, 27.4 por ciento de los propietarios no posee escrituras.

¿Qué hacer?

Además de la obviedad de asegurar la canalización de los recursos financieros necesarios, y la urgencia de sintonizar a todos los actores relevantes en la misma frecuencia de políticas y prioridades, convendría apostar por los siguientes mecanismos: la producción social de vivienda, en particular la autoproducción, pero con esquemas ambiciosos de asesoría técnica y acompañamiento para evitar desperdicios y una mala planeación; diseñar programas especiales para los trabajadores informales que tienen ingresos regulares; y meterse de lleno a la regeneración urbana para corregir los errores del pasado que propiciaron un gravísimo desorden territorial.

Resulta inaplazable transformar de fondo el modelo de urbanización: el patrimonio y las aspiraciones de millones de mexicanos está en juego.

 

Colaborador @duarte_tellez

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