Denuncian a Turismo Guanajuato

El gobernador tiene una semana decisiva para aclarar la investigación en torno a su secretario de turismo, la persona con mayor reconocimiento en el sector

Pocas veces el gobernador Miguel Márquez Márquez muestra el ceño fruncido al responder una pregunta. Esta vez el cuestionamiento es sobre la presunta falsificación de documentos y probables irregularidades en el ejercicio de recursos federales por parte de la Secretaría de Turismo del estado que representa.

Al mandatario guanajuatense le pegan donde más le duele; Fernando Olivera –el secretario de turismo de quien se sospecha- está considerado como uno de los funcionarios puntales de su gobierno. Cuando Márquez Márquez se enteró de la investigación –meses atrás- solo movió negativamente la cabeza. Tendría que haber preparado una estrategia de control de daños, lo dejaron pasar y la semana pasada la crisis cayó en cascada.

Bárbara Botello Santibáñez –diputada federal y ex alcaldesa de León- presentó un punto de acuerdo en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para solicitar la salida de quien ostenta la titularidad del turismo estatal, asimismo pide que las autoridades federales investiguen las presuntas anomalías encontradas en esa dependencia.

La legisladora solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que determine y finque responsabilidades por el probable conflicto de interés en el ejercicio de 100 millones de pesos por la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos Mineros de Guanajuato (Fundemin).

El caso que menciona Botello Santibáñez remite a la ASF que revisando la Cuenta Pública 2014, emite dos observaciones, éstas se turnan a la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas (STyRC) de Guanajuato, la cual después de reunir documentos, presenta denuncias ante la Procuraduría General de Justicia, misma que abre carpetas de investigación 42036/2015 por fraude y 42037/2015 debido a falsificación.

La asociación civil que está en el ojo del huracán es Fundemin, presidida por Fernando Olivera Rocha, el mismo secretario de turismo del estado; como comisaria aparece Alejandra Bernardino, directora de Asuntos Jurídicos de la secretaría referida y en el puesto de secretario ejecutivo, Omar Murillo que trabajaba como director general en Sectur, pero que tuvo que salir por conducta inapropiada.

La probable violación a la normatividad estriba en que Sectur Guanajuato otorgó a Fundemin 66.2 millones para obras de infraestructura jurídica, situación que iría en contra de la ley, porque la secretaría no puede delegar facultades a un particular, más, tratándose del mismo líder que es juez y parte en ambas instituciones.

El gobernador de las tres emes (MMM) tiene una semana decisiva para agilizar y aclarar la investigación en torno a su secretario de turismo. Es la persona con mayor reconocimiento en el sector y presidente de la Asociación de Secretarios de Turismo de México (Asetur).

 

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