Del retroceso en el Sistema de Justicia Penal

La reforma aprobada por los senadores amplía la prisión preventiva oficiosa

Mariana Benítez Tiburcio / Abogada / El Heraldo
Mariana Benítez Tiburcio / Abogada / El Heraldo

Tuve la fortuna de participar de cerca en la construcción de la histórica reforma constitucional de 2008, para transitar de un modelo de justicia penal inquisitivo a uno acusatorio. Recuerdo las largas y útiles discusiones de cada artículo reformado en la Constitución. Se trataba ni más ni menos que del nacimiento de un nuevo paradigma en la justicia penal por el que se incorporarían derechos fundamentales y principios como el de presunción de inocencia, debido proceso, oralidad e inmediación que serían ejes rectores de un nuevo sistema de justicia.

En esta reforma se buscó, con muchas dificultades, lograr un equilibrio entre el actuar con firmeza en contra de la delincuencia que azotaba desde entonces a nuestro país y construir un verdadero Estado democrático de Derecho, donde se respetaran por encima de todo los derechos fundamentales de inculpados y de víctimas. Todo esto viene a cuenta por la discusión que se llevó a cabo la semana pasada en el Senado sobre la reforma al artículo 19 constitucional, por la que se amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa o automática, la medida más severa que se puede aplicar a una persona a quien se le imputa un delito, pues se impone (en casos excepcionales hasta ahora) sin justificación del ministerio público ni debate procesal.

La reforma aprobada por los senadores amplía sin suficiente evidencia ni justificación, la prisión preventiva oficiosa: casos de abuso o violencia sexual contra menores, robo a casa-habitación, uso de programas sociales con fines electorales, robo de transporte, desaparición forzada, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, entre otros.

La excepción como regla. La medida de prisión preventiva oficiosa que se estableció desde 2008, ha causado desde entonces, severas críticas de organizaciones de derechos humanos nacionales y extranjeras como la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU, por considerarla violatoria de tratados internacionales sobre derechos humanos como la libertad personal, igualdad ante la ley y presunción de inocencia.

Desconozco si se trata de populismo penal o de verdadera convicción en que convertir la excepción en regla, es una eficaz medida disuasoria, que protegerá al mismo tiempo a las víctimas y reducirá en automático el impacto que tienen estos delitos en la sociedad. Existen muchas evidencias en todo el mundo que demuestran que aumentar la prisión preventiva no disminuye la comisión de delitos, vale la pena consultar a Monserrat López y Carlos de la Rosa , quienes evidencian con números esta hipótesis.

De aprobar los diputados esta reforma, se acentuarán abusos, la violación de derechos humanos, los casos de injusticia que afectan a los más pobres y la población penitenciaria llegarán a niveles insostenibles. Es además un golpe en seco al proceso inacabado de consolidación del sistema acusatorio. En lugar de trabajar para fortalecer las instituciones de seguridad y justicia, la mirada está puesta en restringir derechos y perpetuar las debilidades de los operadores de justicia.

Mal comienzo.

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