Defraudación fiscal, delatores y el oso de Profeco

Definirla como un asunto de seguridad nacional, es una desproporción que rompe el eje de la coherencia

Enrique_Rodríguez
Enrique Rodríguez / Libertad bajo palabra / Heraldo de México

Hace unos días el Senado de la República aprobó reformas que hacen considerar como delito de delincuencia organizada a la defraudación fiscal, permitiendo la prisión preventiva oficiosa cuando el monto de lo defraudado rebase 7.8 millones de pesos. La medida pretende atacar la proliferación de empresas fantasma y la falsificación de facturas para realizar operaciones irregulares. El tema abrió una fuerte polémica y será analizado próximamente por la Cámara de Diputados.

El tipo penal de defraudación fiscal podría caer en el supuesto de delincuencia organizada para sancionar a quienes elaboren, vendan, compren o usen facturas falsas, y eso sería una generalidad que se acerca a los límites del terrorismo. Lo que falta precisar a los legisladores es que el tratamiento de delincuencia organizada sólo podría darse cuando la conducta ilícita tenga específicamente el dolo para evadir impuestos. Además, considerar la defraudación fiscal como un asunto de seguridad nacional es una desproporción que rompe el eje de la coherencia.

La oposición ya anticipó Acciones de Inconstitucionalidad ante la Corte para combatir los cambios legales

Por otro lado, el gobierno federal pidió al Congreso avalar la figura jurídica del llamado tercer colaborador, un delator o denunciante particular que proporciona información que no tienen las autoridades respecto a conductas irregulares y que no sólo tendría que verse desde el enfoque de la evasión de impuestos, sino de forma general sobre cualquier acto de corrupción. En EU, esta figura ha resultado exitosa; por ejemplo, un periodista, a través de una acción Qui Tam puede acudir ante un juez para denunciar directamente fraudes sin la intervención de un fiscal.

Las acciones Qui Tam son litigios privados que permiten a un particular demandar con efectividad en nombre del Estado, su adopción en el sistema jurídico mexicano sería una innovadora herramienta anticorrupción para empoderar a los ciudadanos. Dudo que las intenciones de Morena lleguen hasta allá, pero me agradaría equivocarme.

EDICTOS

Por favor que alguien le diga a Ricardo Sheffield, procurador Federal del Consumidor, que le baje a su intenso protagonismo. Resulta que Profeco puso sellos de suspensión a bombas despachadoras de combustible en nueve gasolineras que bajo serias amenazas del crimen organizado dejaron de vender el producto al Ejército en Nuevo Laredo. No es un tema de protección a los derechos del consumidor, sino de sobrevivir a la incontrolable inseguridad en esa y otras regiones del país. Es una situación de impunidad, no una oportunidad para propiciar el lucimiento que además provocó desabasto y compras de pánico. Señor Sheffield: los criminales deben estar muertos de risa por las suspensiones que castigan a los amenazados; el problema de fondo es enfrentar a la delincuencia con algo más que fúchilas y guácalas.

ENRIQUE RODRÍGUEZ
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@JENROMA27



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