Defender las instituciones

La existencia de los órganos autónomos no amenaza el proyecto del Presidente

Verónica Ortiz / Ventana política / Heraldo de México
Verónica Ortiz / Ventana política / Heraldo de México

En la legislación mexicana vigente existen ocho organismos constitucionales autónomos: Banco de México (Banxico), Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Instituto Nacional Electoral (INE), Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), Comisión Federal de Competencia (Cofece), Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE).

Cada uno con diferente origen y momento de creación. En unos casos, se trató de conquistas ciudadanas para acotar los excesivos poderes del híper presidencialismo que vivíamos (INE, CNDH, INAI).

En otros, se buscó blindar la estabilidad monetaria de veleidades políticas (Banxico), luego de los desastrosos resultados de querer manejar las finanzas desde Los Pinos. Otros más obedecieron a la necesidad de profesionalización y conocimientos técnicos (Ifetel, Cofece). Por último, no menos importantes, para generar información confiable como insumo de diagnósticos, elaboración y medición de políticas públicas (Inegi, INEE).

Se puede discutir si son muchos o no, o el grado de eficiencia alcanzado. Pero no puede concluirse que su existencia amenace el proyecto político del Presidente López Obrador. Por el contrario, su creación en distintos momentos históricos obedeció al propósito de salvaguardar materias sensibles, al margen de las personas o grupos políticos que se encuentren en el poder.

Al final, gobiernos y sociedad son los beneficiarios de elecciones limpias, protección a los derechos humanos, educación de calidad, estabilidad financiera, bienes y servicios a precios competitivos, acceso a la información oficial, protección de datos personales y mediciones científicas y públicas.

A ello obedecen su autonomía constitucional, la provisión de presupuestos y, sobre todo, la integración de órganos directivos colegiados, escalonados, de perfil técnico, así como mecanismos de selección y ratificación compartidos entre poderes Ejecutivo y Legislativo.

Ahí radica la fortaleza de las instituciones y el ánimo de defenderlas, aunque lo anterior no garantice su infalibilidad o independencia.

No son perfectas, desde luego. Pueden darse casos de corrupción e ilegalidad también. Esos hay que documentarlos y denunciarlos. La exhibición pública o el juicio moral no alcanzan en un estado de derecho. Como dice Timothy Snyder en sus lecciones del Siglo XX: Si no se defienden, las instituciones caen como piezas de dominó. Y lo único seguro es que no hay sistema democrático que sobreviva sin ellas. En nuestro caso, lo que está en riesgo es un retroceso al híper presidencialismo que costó décadas desmontar.

Victoria democrática.– El Senado aprobó por unanimidad el dictamen de Guardia Nacional con mando civil y cinco años de transición. Triunfo compartido de Morena, oposición y sociedad civil.

 

 

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@veronicaortizo

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